La ominosa presencia del narcotráfico en las contiendas electorales de Jalisco está públicamente documentada desde los comicios locales del 2009, asunto sobre el cual puso especial énfasis ayer la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, al mostrar preocupación por la seguridad de los candidatos para los comicios del próximo domingo 6 de junio del 2021, en algunas regiones del país.
“Emisarios del narcotráfico hablan con los candidatos a puestos de elección popular, les ofrecen apoyo para sus campañas y exigen nombrar a los jefes de policía, sin dar opción: es sí o sí, afirmaron el presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Jalisco, David Gómez Álvarez, y el consejero Tomás Figueroa Padilla”, señala una nota publicada en la página 39 del periódico La Jornada, el lunes 22 de junio del 2009, firmada por los corresponsales Mauricio Ferrer y Juan Carlos G. Partida.
“El narcotráfico, añadieron los entrevistados, en una entrevista en la que participaron otros dos consejeros, ya permeó todos los partidos. En algunas zonas del estado abarca todo el espectro político”, agrega la información.
La nota refiere que Figueroa Padilla y Gómez Álvarez señalaron en un mapa los municipios de Villa Guerrero, Teocaltiche y los límites con Zacatecas, donde se sabe que operan Los Zetas; la región colindante con Michoacán, Quitupan y Valle de Juárez, además de algunos puntos de la costa.
“En varios lugares los capacitadores del IEPC tuvieron problemas y fueron amenazados. Uno pidió un chaleco antibalas para entrar en moto, y en los distritos 17 (cabecera en Jocotepec) y 19 (cabecera en Ciudad Guzmán) tuvimos que disfrazarlos de personal de la Cruz Roja. Fue difícil ubicar las casillas donde se sufragará el 5 de julio”, aseguraron.
Gómez Álvarez es actualmente consejero en el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, en tanto que desde el pasado viernes 19 de febrero del 2021, Figueroa Padilla tomó protesta como diputado local para suplir a la legisladora priista Sofía Berenice García, quien pidió licencia a su cargo.
El huevo de la serpiente ya estaba incubado en varias regiones de Jalisco desde hace más de una década.
El lunes 8 de junio del 2009, el entonces presidente estatal del PAN, Eduardo Rosales Castellanos aseguró, en conferencia de prensa, que por lo menos 20 candidatos a Alcaldes postulados por su partido habían sido amenazados de muerte o de secuestro en contra de sus familias en diversos Municipios de la entidad, entre los que mencionó Zapotiltic, Ciudad Guzmán, Cocula, San Ignacio Cerro Gordo y Valle de Guadalupe.
“Tenemos más de 20 candidatos a alcaldes amenazados por teléfono, tenemos la casa de nuestro candidato a alcalde de Ahualulco quemada y al día siguiente un mensaje de ‘espero que hayas entendido la lección’”, reseñaba una información publicada en el desaparecido periódico Público, en su página 11, firmada por la reportera Elizabeth Rivera Avelar.
“Son llamadas telefónicas en las que piden se les entregue cierta cantidad de dinero y que paren sus campañas o les van a secuestrar a sus familias, y les dicen los nombres de sus familiares”, agregaba la información de Público. Destacó Rosales Castellanos que las intimidaciones provenían “quizá del crimen organizado”.
El jueves 18 de junio del 2009 el Partido Social Demócrata (PSD) en Jalisco denunció que algunos de sus candidatos habían sido amenazados de muerte por gente que aseguraba pertenecer al grupo criminal de Los Zetas. A través de un comunicado, el partido señaló que al menos cinco de sus abanderados habían sido contactados por teléfono celular o a sus casas.
“Quienes supuestamente dicen pertenecer a Los Zetas mencionan que si no dejan la candidatura, ellos o sus familiares dejarían de vivir”, indicaba el comunicado mencionado en una nota de Mural, con la firma del reportero José David Estrada Ruiz Velasco.
Los candidatos Mauricio Álvarez Torres, del Municipio de Ahualulco de Mercado; Juan Manuel García Pérez, de Jamay, y Marco Antonio Mendoza Flores, de Acatlán, fueron quienes recibieron amenazas. Además, al aspirante por Acatlán le exigieron el pago de dos mil dólares a cambio de ya no molestarlo.
Otros dos candidatos del PSD fueron amenazados anteriormente: Álvaro Mejía Molina, aspirante a la alcaldía de Cuquío, y Miguel Ángel Corona Vázquez, de Cocula.
El PSR informó que ya había presentado una denuncia ante el Ministerio Público y que había avisado de esta situación al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.
Desde entonces el problema creció y creció, al grado que hay regiones como el Sur, Valles, Los Altos y Norte, muy contaminadas por la presencia del crimen organizado, que podría ser un factor clave para poner o quitar candidatos en Jalisco (Por Pedro Mellado Rodríguez / Gráfico: periódico La Jornada)