Con oportunidad se anunció que el actual proceso electoral sería el más rigurosamente fiscalizado en la historia de México y los hechos prueban que quienes tengan alguna fragilidad o irregularidad en el manejo de recursos durante las actuales campañas proselitistas podrían estar en riesgo de ser investigados y sancionados, por las vías administrativa o penal.
Por lo tanto, no es extraño que la Fiscalía General de la República (FGR) informara el pasado lunes 10 de mayo del 2021 que había abierto carpetas de investigación por presuntos delitos electorales en contra de dos candidatos a la gubernatura de Nuevo León: Adrián Emilio de la Garza Santos, postulado por la coalición PRI-PRD y Samuel Alejandro García Sepúlveda, de Movimiento Ciudadano, su esposa, padre y suegro.
La FGR explicó en un comunicado oficial que la investigación contra del candidato Adrián de la Garza, es por el presunto delito de “solicitar el voto femenino a su favor, a cambio de la entrega de una denominada tarjeta rosa, que permite obtener dinero, una vez que dicho candidato gane las elecciones para gobernador del estado de Nuevo León; lo cual significa la compra y coacción del voto”.
Lo delicado en los presuntos delitos de Adrián de la Garza, aclaró la Fiscalía, es que el Artículo 19 de la Constitución General de la República ordenan prisión preventiva oficiosa por el uso de programas sociales con fines electorales, lo cual se ratifica en la Ley General en Materia de Delitos Electorales y en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
El Artículo 19 constitucional señala al respecto: “El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales…”.
En el mismo comunicado de prensa la FGR señala que recibió una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, en contra de Samuel García, su padre Samuel Orlando García Mascorro, su esposa Mariana Rodríguez, y su suegro Jorge Gerardo Rodríguez Valdez, por presuntos delitos electorales relacionados con aportaciones en dinero o en especie, así como fondos o bienes de origen ilícito, utilizados, en forma ilegal durante la actual campaña electoral.
Habría que recordar que el pasado lunes 8 de febrero del 2021 el Instituto Nacional Electoral (INE) que preside Lorenzo Córdova Vianello, firmó un convenio con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que encabeza Santiago Nieto Castillo, para que colaborara en la tarea de fiscalizar el dinero que partidos políticos, funcionarios públicos, y poderes fácticos, tanto de la delincuencia de cuello blanco, como de la delincuencia organizada, podría estar utilizando en las campañas electorales.
De igual manera, existe una estrecha coordinación entre el INE y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, cuyo titular es José Agustín Ortiz Pinchetti, quien fue consejero ciudadano del Consejo General del Instituto Federal Electoral en 1994 (el IFE, que antecedió al INE) y por lo tanto tiene la suficiente experiencia en la investigación y persecución de esas expresiones delictivas, y además dispone de todas las herramientas de fiscalización del dinero, de cuentas bancarias y fideicomisos, a través de la Secretaría de Hacienda.
Al presentar una Guía de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita durante los procesos electorales, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, anunció el miércoles 24 de febrero del 2021 que bancos, casas de bolsa, casas de cambio y demás entidades del sistema financiero, tendrían que supervisar con mucho detalle operaciones de empresas de reciente creación, factureras y con dinero en efectivo, durante el proceso electoral.
Se estableció como norma obligatoria que todas las instituciones que manejan dinero, en efectivo, documentos o transferencias electrónicas, tendrían que reportar operaciones sospechosas o extrañas, prácticamente de inmediato, a las autoridades financieras del país.
Anunció Herrera Gutiérrez que todas estas disposiciones estarían vigentes a partir del lunes 1 de marzo del 2021 y hasta que todos los procesos electorales sean calificados por autoridades federales y estatales. La guía se elaboró con la colaboración de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, basada en información de la tipología detectada y sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
El lunes 1 de marzo del 2021 el INE firmó un convenio de coordinación con la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) cuyo titular es Carlos Romero Aranda, con el propósito declarado de combatir delitos electorales, fiscales y financieros durante el proceso electoral.
Romero Aranda señaló que los delitos fiscales y financieros se entrelazan con las conductas ilegales en los procesos electorales: “Las mismas empresas fantasma que se utilizan para vender facturas falsas se usan para corromper el debido ejercicio y destino de los recursos públicos. Así, bajo el velo corporativo de las empresas de papel, los grupos organizados pretenden disfrazar el origen de los gastos de campañas políticas, rebasar los topes establecidos en ley y emitir tarjetas de servicios para comprar la voluntad de los ciudadanos, sobre todo, la de los más marginados. Y una vez que llegan al poder buscan cobrarse las cuentas con la entrega ilegal de obras o servicios a sobreprecios obscenos. Un círculo vicioso que debe atacarse por todos ustedes”.
“A quienes se creían intocables, quienes se cobijaron con componendas, complicidades y corrupción, les mandamos un mensaje: enfrentarán toda la maquinaria del Estado y no encontrarán tregua, se les acabó la fiesta”, advirtió Romero Aranda.
Lo deseable, como imperativo ético de quienes realizan la fiscalización en materia electoral, es que este ejercicio se amplíe a todos los candidatos, de todos los partidos políticos, incluyendo a Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador. (Por Pedro Mellado Rodríguez / Foto: Facebook oficial de Samuel García).