Algo de lo que no hay precedente, registro o memoria fehaciente de que se haya operado y cumplido en forma estricta, sucederá este año con respecto a las campañas políticas: habrá un severo “Big Brother” que escudriñará con rigor y profundidad en el dinero que utilizarán -sobre todo en efectivo- partidos políticos, candidatos, gobiernos y toda persona vinculada a las tareas de proselitismo que culminarán con los comicios del domingo 6 de junio del 2021.
Algunos personajes de la vida pública del país -entre ellos, gobernadores- podrían verse en serios problemas si pretenden desviar recursos públicos a las campañas electorales o aceptar las aportaciones generosas de delincuentes de cuello blanco, o de la delincuencia organizada, para lubricar las posibilidades de triunfo de algún candidato o partido.
Pero lo más delicado para quienes pretendieran cometer delitos electorales, de la naturaleza que fuera, es que quien articulará todo este operativo, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral que encabeza Lorenzo Córdova Vianello y con la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, cuyo titular es José Agustín Ortiz Pinchetti, tiene la suficiente experiencia en la investigación y persecución de esas expresiones delictivas y además dispone de todas las herramientas de fiscalización del dinero, de cuentas bancarias y fideicomisos, a través de la Secretaría de Hacienda.
La información clave trascendió el pasado miércoles 24 de febrero del 2021, y advertía que bancos, casas de bolsa, casas de cambio y demás entidades del sistema financiero, tendrán que poner lupa especialmente sobre operaciones de empresas de reciente creación, factureras y con dinero en efectivo, durante el próximo proceso electoral.
Todas las instituciones que manejan dinero, en efectivo, documentos o transferencias electrónicas, tendrán que reportar operaciones sospechosas o extrañas, prácticamente de inmediato, a las autoridades financieras del país, señalaba una información publicada en el periódico El Universal.
Al presentar una Guía de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita durante los procesos electorales, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, anunció que todas estas disposiciones estarán vigentes a partir de hoy lunes 1 de marzo y hasta que todos los procesos electorales hayan sido calificados por autoridades federales y estatales.
Por su parte, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto Castillo, explicó a El Universal que la guía se elaboró con base en información de la tipología detectada y sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en las distintas materias.
Se consideraron para elaborar la guía las diversas irregularidades y movimientos usuales en tiempos electorales, así como operaciones de empresas fantasmas, particularmente del sector público que financian campañas electorales y usan recursos en efectivo.
Por supuesto, las instituciones financieras tendrán que vigilar y reportar operaciones de empresas que sean contratadas como proveedoras, pero sobre todo de aquellas que no estén autorizadas por las autoridades electorales.
Nieto Castillo, responsable de este “Big Brother” electoral, ya tiene experiencia en la materia.
Ustedes recordarán que en octubre del 2017, cuando era titular de la de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), Nieto Castillo denunció públicamente que estaba recibiendo presiones del entonces director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, quien le envió una carta para pedirle que desestimara cualquier sospecha o acusación en su contra por el desvío de recursos para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012.
“La dependencia abrió en agosto pasado la carpeta de investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/1139/2017 para investigar si una parte de los 10 millones de dólares que habría recibido Lozoya en sobornos por parte de la brasileña Odebrecht fue destinada a financiar al tricolor”, advertía una nota en el periódico Reforma el 20 de octubre del 2017.
Luego de hacer esa denuncia, Santiago Nieto fue despedido por Alberto Elías Beltrán, subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, en funciones de Procurador, porque argumentó que el titular de la FEPADE había faltado al código de conducta de la PGR. El responsable de la FEPADE había llegado a su cargo el 19 de febrero de 2015.
El lunes 3 de septiembre del 2018, el entonces presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, nombró al extitular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, Santiago Nieto Castillo, como próximo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), cargo desde donde dijo combatirá la corrupción y las finanzas de los grupos del narcotráfico y la delincuencia.
El lunes 18 de febrero del 2019 Santiago Nieto presentó su libro “Sin Filias ni Fobias: Memorias de un fiscal incómodo”, de la editorial Grijalbo, el que hace una revisión de lo que fue su paso por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales durante el gobierno del priista Enrique Peña Nieto.
Las próximas campañas electorales no sólo serán las más grandes de la historia de México; también serán las más fiscalizadas de las que se tenga memoria. (Por Pedro Mellado Rodríguez)