Una fórmula tramposa y abusiva es la que año con año se utiliza para calcular el financiamiento que los contribuyentes aportan a los partidos políticos y que justifica jurídicamente los excesos en el gasto de organizaciones que, en la mayoría de los casos, no cumplen objetivos concretos, útiles, que beneficien a la sociedad, y que se han convertido en franquicias para el lucro, el dispendio y la frivolidad, de familias y cofradías parasitarias de muy cuestionable estatura intelectual y ética.
Todavía faltan 11 días para los comicios del domingo 6 de junio del 2021 y restan ocho días de campañas electorales, que concluyen el próximo 2 de junio del 2021, en las cuales los obsequiosos aspirantes a alguna diputación federal redoblarán sus esfuerzos para visitar en sus hogares a los potenciales simpatizantes y tratar de convencerlos de que les entreguen su confianza y sus votos.
Cuando eso suceda, la gente tendrá una buena oportunidad para exigirles dos cosas: que disminuyan el gasto dispendioso en partidos políticos y que para tal propósito cambien la fórmula mediante la cual se asignan esos recursos.
Los presuntos representantes populares pueden y deben hacerlo, pues la Cámara de Diputados de la federación es la que está facultada, constitucionalmente, para revisar, enmendar y aprobar el presupuesto de egresos que el gobierno federal ejerce año con año.
¿En qué radica la trampa y el abuso?
En una simple formulita que tendría que cambiar totalmente su sentido y en la cual deberían tener un valor fundamental los votos que los ciudadanos depositan en las urnas cada tres años.
La Fracción I del artículo 41 de la Constitución General de la República establece que “los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden”.
En tanto que la fracción II del mismo anunciado agrega: “La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado”.
En seguida se explica: “El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior”.
Además, se especifica que “el financiamiento público para las actividades tendientes a la obtención del voto durante el año en que se elijan Presidente de la República, senadores y diputados federales, equivaldrá al cincuenta por ciento del financiamiento público que le corresponda a cada partido político por actividades ordinarias en ese mismo año; cuando sólo se elijan diputados federales, equivaldrá al treinta por ciento de dicho financiamiento por actividades ordinarias”.
Veamos un ejemplo real sobre la referida fórmula. Para 2021 la Unidad de Medida y Actualización (UMA) tiene un valor de 89.62 pesos. El 65% equivale a 58.25 pesos. En la plataforma oficial del Instituto Nacional Electoral (INE) aparece publicado hoy, miércoles 26 de mayo del 2021, un Padrón Electoral con 94 millones 719 mil 274 ciudadanos. En el Padrón Electoral están inscritos todos los ciudadanos mexicanos que solicitaron su inscripción al mismo en territorio nacional, con la finalidad de obtener su credencial para votar con fotografía y así ejercer su derecho al voto.
Si en este momento multiplicamos el número de ciudadanos del Padrón Electoral por el 65% del valor de la UMA, nos daría un total de 5 mil 517 millones 397 mil 710 pesos con 50 centavos.
Sin embargo, si a los partidos políticos se les financiara sólo en proporción a los votos totales que se hubiesen captado en las urnas en la más reciente elección, la cantidad del financiamiento sería muchísimo menor.
En los comicios del 1 de julio del 2018, en la elección presidencial que ganó Andrés Manuel López Obrador, votó el 63.42% de las personas inscritas en la Lista Nominal de Electores (que contiene a todos aquellos ciudadanos que solicitaron su inscripción al Padrón Electoral en territorio nacional y cuentan ya con su credencial para votar con fotografía vigente), que equivalen a un total de 56 millones 512 mil 557 sufragantes que acudieron a las urnas.
Si solo multiplicáramos el número real de votos captados en las urnas en 2018, los que realmente se emitieron en favor de los partidos políticos, por el 65% del valor de la UMA, el financiamiento de los partidos políticos equivaldría a 3 mil 291 millones 856 mil 445 pesos con 25 centavos. Aunque la cantidad sigue siendo muy alta, representaría, de entrada, un ahorro de 2 mil 225 millones 541 mil 265 pesos con 25 centavos.
Este año, por ser electoral, el financiamiento a los partidos políticos se disparó en forma notable. Los 10 partidos políticos con registro nacional que estarán en la contienda gastarán en total 7 mil 226 millones de pesos.
De esa fabulosa cantidad el partido más beneficiado, por haber obtenido la votación más alta en los comicios del 1 de julio de 2018, es Morena, que dispone este año de 2 mil 195 millones 71 mil 142 pesos.
Después, quien más dinero gastará en 2021 será el PAN, con mil 213 millones 127 mil pesos; el PRI tendrá este calendario mil 143 millones de pesos; el PRD dispondrá de 567 millones de pesos; para el Partido del Trabajo habrá 498 millones de pesos; el Partido Verde Ecologista de México gozará este año de 542 millones de pesos y a Movimiento Ciudadano se le asignaron 523 millones de pesos.
Hay tres partidos políticos que por primera ocasión participarán en la contienda electoral: Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México. A cada uno se le asignaron, este 2021 un total de 158 millones de pesos, en tanto que para los candidatos independientes se dispuso una bolsa, para repartirse entre todos, en todo el país, de 31 millones de pesos.
Los ciudadanos deberían exigirles a los futuros diputados federales que entrarán en funciones el 1 de septiembre del 2021, que reduzcan el financiamiento a los partidos políticos, bajando el porcentaje de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) que se usa como referencia y multiplicando esa cantidad, única y exclusivamente, por el número de votos que sean captados en las urnas, en los comicios del próximo 6 de junio del 2021, y no por el total de ciudadanos incluidos en el Padrón Electoral Nacional como se hace actualmente.
Además, los ciudadanos deberían votar únicamente por los partidos políticos que tengan alguna utilidad social o representen alguna expresión genuina de la comunidad, sin importar si son grandes o pequeños, veteranos o bisoños.
Los comicios del próximo 6 de junio ofrecen una buena oportunidad para que los mexicanos se deshagan de la carga perniciosa de partidos políticos vividores, abusivos y parasitarios, que contaminan y empobrecen la vida pública del país.
Habría que recordar que para conserva su registro los partidos políticos necesitan sumar el 3% de la votación total. Depende de los ciudadanos darles o negarles ese respaldo. (Por Pedro Mellado Rodríguez / Gráfico: Instituto Nacional Electoral)