El próximo miércoles 2 de junio será el último día de campañas electorales. Morena y dos partidos políticos que son sus aliados, son los que tienen más rezago en sus reportes de ingresos y egresos durante las actuales campañas electorales y por tal razón están expuestos a ser sancionados por el Instituto Nacional Electoral (INE).
Cuando únicamente falta una semana para que concluyan las campañas electorales, una quinta parte de los 27 mil 648 candidatos que buscan algún cargo de elección popular en México, en las comicios 2020-2021 que culminarán con la jornada electoral del domingo 6 de junio, no ha cumplido con la obligación legal de reportar sus ingresos y gastos en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) del Instituto Nacional Electoral.
El SIF es una aplicación informática en línea, diseñada para que los sujetos obligados realicen el registro de sus operaciones de ingresos y gastos, permitiendo adjuntar la documentación soporte de cada operación, generando reportes contables, distribuciones de gastos y la generación de forma automática de los informes de apoyo ciudadano, precampaña y campaña así como los informes trimestrales y anuales de la operación ordinaria.
Quien tiene mayor rezago en sus reportes es el Partido Encuentro Solidario, pues de un total de 2 mil 277 candidatos, sólo 1 mil 370 tienen registros en el SIF y 907 no han reportado alguna actividad. Su rezago es del 40%.
En segundo lugar está el Partido del Trabajo, que de 1 mil 348 candidatos, sólo 925 han registrado actividades de ingresos y egresos, en tanto que 423 no han reportado algún movimiento. Su rezago en fiscalización es del 31%.
Y en tercer lugar con más rezago en la rendición de cuentas sobre ingresos y egreso en campañas electorales está Morena: de 1 mil 889 candidatos, sólo 1 mil 499 han registrado movimientos en el Sistema Integral de Fiscalización, pero 390 no han reportado alguna operación. Su rezago es del 21%.
La información la proporcionó ayer el consejero Ciro Murayama Rendón, quien señaló que “5 mil 230 candidaturas, que representan el 19 por ciento del total, prácticamente una quinta parte del total, no han registrado un solo movimiento”.
Los gastos a los que se refiere Murayama Rendón están considerados en el catálogo que describe el Artículo 243 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que comprende: gastos de propaganda realizados en bardas, mantas, volantes, pancartas, equipos de sonido, eventos políticos realizados en lugares alquilados, propaganda utilitaria y otros similares.
También incluye los gastos operativos de la campaña: sueldos y salarios del personal eventual, arrendamiento eventual de bienes muebles e inmuebles, gastos de transporte de material y personal, viáticos y otros similares.
Además de gastos de propaganda en diarios, revistas y otros medios impresos: inserciones pagadas, anuncios publicitarios y sus similares, tendentes a la obtención del voto. En todo caso, tanto el partido y candidato contratante, como el medio impreso, deberán identificar con toda claridad que se trata de propaganda o inserción pagada.
Igualmente tienen que reportarse gastos de producción de los mensajes para radio y televisión: los realizados para el pago de servicios profesionales; uso de equipo técnico, locaciones o estudios de grabación y producción, así como los demás inherentes al mismo objetivo.
Murayama Rendón hizo un llamado respetuoso, pero firme, a partidos políticos nacionales, locales, coaliciones y candidaturas independientes a corregir esta situación y sumarse a la transparencia y la rendición de cuentas.
“La opacidad no es parte de la política democrática, la opacidad es contraria a la actividad política a la luz del día, los recursos que tienen sus candidatos y candidatas deben de mostrarse a esta autoridad, de dónde salen, en qué montos y cómo están gastando. Si hay campañas y las hay, lo vemos todos los días, es porque hay dinero, pero uno de cada cinco candidatos y candidatas está incurriendo en la falta de rendir cuentas”, explicó.
El incumplimiento de estas obligaciones obstaculiza las tareas de fiscalización del INE y podrían derivar en algunas sanciones para los partidos políticos y para los candidatos.
Como las que considera el Artículo 456, con respecto a los partidos políticos, que podrían ir de una simple amonestación hasta una multa de diez mil días de salario mínimo general vigente para la Ciudad de México, según la gravedad de la falta. El salario mínimo en Ciudad de México es de 141.7 pesos diarios. La multa de 10 mil días de salario mínimo equivaldría a 1 millón 417 mil pesos.
Con respecto a los candidatos a puestos de elección popular, esta omisión podría ameritar una simple amonestación pública o una multa de hasta cinco mil días de salario mínimo general vigente en Ciudad de México: 708 mil 500 pesos. Podría implicar además la pérdida del registro del candidato infractor, dependiendo de la gravedad de la falta. (Por Pedro Mellado Rodríguez / Tabla: con información oficial del INE)