No es necesario que alguien declare la guerra, pues ésta conflagración cruel y dolorosa, desde hace muchos años, ya fue declarada. Se padece en todos los frente del país. Y la gente percibe, con toda claridad, quienes van ganando, porque día con día se acumulan los cuerpos yertos y se incrementan el sufrimiento, la angustia y la desesperanza de quienes buscan a sus desaparecidos y lloran a sus muertos.
No hay rincón de la sufrida patria que no padezca el flagelo de la violencia que lastima y agravia, sentimiento este último que se profundiza con la impunidad, ante la casi absoluta certeza de que nadie intervendrá, con la suficiente energía y autoridad, para defender al pueblo.
En todas las fronteras de Jalisco desaparece gente, sin que quede algún rastro de ella y sin que alguna autoridad pueda brindar consuelo y esperanza. Zonas de riesgo y de miedo, los linderos de la entidad con Michoacán, Colima, Nayarit, Guanajuato, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí. Por todo lados es fuerte el clamor de justicia.
Pero si alzamos la mirada, observamos que el fenómeno se repite en todas las regiones del país, donde las bandas delictivas, en actitud retadoramente grosera, desafían a una autoridad que ha perdido el control de amplios territorios. Y lo más grave, que en muchos casos se reitera la certeza de que quienes debían cuidar a la gente son quienes la secuestran, la torturan y la matan.
“(López Obrador) ha adoptado básicamente una actitud de ‘laissez fair’ (dejar hacer) ante los cárteles, lo cual es obviamente problemático para nuestro Gobierno (en Estados Unidos). Es un gran problema para México (…) Él ve (la lucha contra) los cárteles como su Vietnam. Tal como lo fue para sus antecesores (en la Presidencia). AMLO es muy insistente en intentar evitar ese tipo de conflicto (con los cárteles)”, afirmó con crudeza el exembajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, en un evento organizado por el Consejo de Embajadores Estadounidenses (CAA, en inglés), que reúne a exrepresentantes diplomáticos.
El diplomático estadounidense aseguró, en un video difundido en redes por el Consejo de Embajadores Estadounidenses que de acuerdo con cálculos del gobierno de Estados Unidos, los cárteles controlan entre 35 y 40 por ciento del territorio mexicano.
Aún procesadas en frío, con la mesura de un ánimo reposado y reflexivo, las observaciones del exembajador estadounidense en México, Christopher Landau, son terribles.
“(El Gobierno de López Obrador) dejó ir (a Ovidio Guzmán) porque no quería tener un derramamiento de sangre más generalizado en Culiacán. Fue simplemente un momento terrible. La verdad es que el Ejército mexicano fue superado en armas (…) Nunca había habido un ataque tan descarado como (el ataque contra Omar García Harfuch) en el corazón de la Ciudad de México. Y, para mi sorpresa, ¡el Gobierno central mexicano básicamente no hizo nada! No dijo: ‘¡Ya fue suficiente! ¡No vamos a tolerar que ocurra una cosa así!’”, expresó Landau en versión publicada por Grupo Reforma el pasado martes 27 de abril del 2021.
“Con 267 casos, marzo registró la cifra más alta de mujeres víctimas de homicidio doloso en el país desde que se tiene registro (desde 2015), superando a abril de 2020 que en plena pandemia por Covid-19 se había colocado como el más violento para las mujeres”, publicó el domingo 25 de abril del 2021 el periódico El Universal.
En lo que va del año, marzo es el mes más violento de 2021: tuvo un incremento de 12.1% en víctimas de homicidio doloso en el país, al registrar 2 mil 944 asesinatos. En enero se reportaron 2 mil 835, mientras que en febrero fueron 2 mil 628. Sin embargo, las autoridades destacaron que en el primer trimestre del año hubo una reducción del 4.6% en los homicidios dolosos con respecto al mismo periodo del año anterior, reseñó la plataforma digital Animal Político el reciente miércoles 21 de abril del 2021.
El 50.7% de los homicidios dolosos totales cometidos durante 2021 se concentra en los estados de Guanajuato (926), Baja California (806), Jalisco (668), Estado de México (655), Michoacán (621) y Chihuahua (586), detalló Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal.
El pasado miércoles 7 de abril del 2021, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, informo que en México hay 85 mil personas desaparecidas (desde 2006 a la fecha). Diez estados concentran el 76.21% de los casos: Jalisco, Michoacán, Ciudad de México, Tamaulipas, Nuevo León, Guanajuato, Sonora, Sinaloa, Zacatecas y Estado de México.
Las mujeres representan el 24.83% del total de personas desaparecidas, de las cuales, el 55.65% son niñas y adolescentes, mujeres de 10 a 17 años. El 62% de los casos las mujeres menores de edad desaparecidas se concentran en siete entidades: Estado de México, Tamaulipas, Jalisco, Nuevo León, Veracruz, Puebla y Ciudad de México.
Los primeros ecos de este drama están documentados. El jueves 2 de julio del 2005 se pronunciaron en contra del narcotráfico, los secuestros, el horror y la violencia, 10 Obispos católicos de la región Noreste del País, encabezados por el entonces Arzobispo de Monterrey, Cardenal José Francisco Robles Ortega, quien desde el martes 7 de febrero del 2012 es cabeza del Arzobispado de Guadalajara.
Desde hace 16 años, el narcotráfico y la delincuencia organizada causaban estragos en un amplio corredor geográfico que comprende los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, el norte de Veracruz y la región huasteca de San Luis Potosí.
Advertían los Obispos que no podían permanecer “impasibles y callados ante el estruendo de la violencia, que sigue bañando de sangre esta región de México y la ola silenciosa, no menos destructiva, que va generando el consumo de estupefacientes”.
Desde entonces había dramáticas certezas: “Lamentamos -decían los Obispos- que en las calles de nuestras ciudades, en los ejidos y pequeñas poblaciones se acrecienten los espacios que sirven a lo que se conoce como el ‘narcomenudeo’, sean tienditas o domicilios particulares (…) Es deplorable que (…) por necesidad, por ignorancia o por ambición de dinero, siga incrementándose el número de personas que se prestan al tráfico de estupefacientes, y lo más grave es que algunas autoridades se hagan cómplices para que tanto el tráfico, como la distribución se realicen impunemente”.
Además de Robles Ortega, firmaron el documento los Obispos Gustavo Rodríguez Vega y José Lizares Estrada, auxiliares de Monterrey; Ramón Calderón Batres, de Linares; Raúl Vera López, de Saltillo; Alonso G. Garza Treviño, de Piedras Negras; Ricardo Watty Urquidi, de Nuevo Laredo; Antonio González Sánchez, de Ciudad Victoria; José Luis Dibildox, de Tampico; Roberto O. Balmori Cinta, de Ciudad Valles, y Faustino Armendáriz Jiménez, de Matamoros.
Esta guerra, que la sociedad sufre y que el Estado mexicano va perdiendo, fue declarada hace muchos años. (Por Pedro Mellado Rodríguez)