En ningún momento y circunstancia, la correcta interpretación y aplicación de la ley puede estar sujeta a caprichos, presiones, chantajes o encuestas, porque se desvirtúa el supremo propósito de administrar justicia.
Una situación de esta naturaleza, en la cual se pretenda presionar o recomendar al Poder Judicial la manera como pudiera o debiera resolver un asunto, es inaceptable en el ámbito de la división de poderes, fórmula que pretende inhibir la monstruosa concentración de facultades en una sola persona o corporación.
La necesidad de fraccionar el Poder Público, para limitarlo y evitar abusos, fue planteada, principalmente por dos importantes filósofos: el inglés John Locke, en sus “Dos Tratados sobre el Gobierno Civil”, publicados en 1689, y por el francés Charles-Louis de Secondat Montesquieu, en “Del Espíritu de las Leyes”, publicado en 1748.
Ambos explicaron que para fortalecer a la Nación es necesario evitar que el Poder Público se concentre en un solo corporativo o familia.
Debe por lo tanto -advertían ambos- haber tres órganos de Estado que hagan funciones distintas: uno que elaboraría las leyes (Legislativo); otro que las aplicaría (Ejecutivo) y un tercero que resolvería los conflictos derivados de su aplicación (Judicial).
En particular Montesquieu reflexionaba: “Cuando el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo se reúnen en la misma persona o en el mismo cuerpo, no hay libertad; falta la confianza, porque puede temerse que el monarca o el Senado hagan leyes tiránicas y las ejecuten ellos misma tiránicamente”.
Explicaba: “No hay libertad si el poder de juzgar no está bien deslindado del Legislativo y del Ejecutivo. Si no está separado del Poder Legislativo, se podría disponer arbitrariamente de la libertad y la vida de los ciudadanos; como que el juez sería legislador. Si no está separado del Poder Ejecutivo, el juez podría tener la fuerza de un opresor”.
Sentenciaba: “Todo se habría perdido si el mismo hombre, la misma corporación de próceres, la misma asamblea del pueblo ejerciera los tres poderes: el de dictar las leyes; el de ejecutar las resoluciones públicas y el de juzgar los delitos o los pleitos entre particulares”.
“La división de poderes, así como la independencia que existe entre estos, constituye la base de un estado democrático”, declara la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su fascículo “¿Qué es el poder Judicial de la Federación?”, Cuarta Edición, de agosto de 2005.
El pasado miércoles 15 de abril del 2021, en el transcurso de su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) podría realizar encuestas telefónicas en Guerrero y Michoacán para resolver si avalaba o revocaba la resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) que ratificó la cancelación de las candidaturas de los aspirantes de Morena a las Gubernatura de Guerrero y Morelos, Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón Orozco, respectivamente.
“Hay que esperar a que lo resuelva el Tribunal. Sería muy sencillo, ahora que hay sistemas de call center, que hoy y mañana, como una empresa especializada, cierren encuesta en Guerrero y les preguntaran a todos: ¿quieres que participe este candidato o no? ¿Se le acepta el registro o no? Y hacer lo mismo en Michoacán”, sostuvo López Obrador, al referirse a la decisión que el INE tomó el martes por la noche.
Esta no es la primera ocasión que el presidente pretende poner la justicia a subasta o a consulta.
Con una resolución respaldada por seis votos contra cinco, el jueves 1 de octubre del 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró constitucional la propuesta del presidente López Obrador para realizar una consulta en la que se le preguntaría al pueblo si estaría de acuerdo en que se juzgara los expresidente de la República por los abusos o delitos que pudieran haber cometido durante el cumplimiento de sus responsabilidades.
Aunque la Suprema Corte le cambió todo el sentido a la pregunta, hacia un tonó más neutral y prácticamente intrascendente: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender acciones de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminada a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.
La consulta, originalmente se anticipaba, podría realizarse en el 2021 pero quedó en suspenso, debido a que cuando fue aprobada ya se había iniciado el proceso electoral 2020-2021 -comenzó oficialmente el 7 de septiembre del 2020-, lo que hacía imposible que sobre la marcha se le agregara un nuevo elemento o se modificara en los fines que ya están establecidos en la ley.
Originalmente, la pregunta formulada por el presidente planteaba: “¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”.
“El objeto de la consulta popular solicitada es inconstitucional desde su origen pues las obligaciones de las autoridades de investigar, perseguir y sancionar los hechos delictivos no pueden disociarse de los derechos de los que las personas gozan de acceder a la justicia pronta, completa e imparcial, al debido proceso y, en general, al correcto funcionamiento de las instituciones del Estado mexicano”, señalaba el texto de la ponencia original redactado por el Ministro Luis María Aguilar Morales, que finalmente fue desechada.
La mayoría del Pleno avaló su constitucionalidad: los Ministros Arturo Zaldívar (presidente de la Suprema Corte), Margarita Ríos Farjat, Yazmín Esquivel, Alberto Pérez Dayán, Alfredo Gutiérrez y Juan Luis González Alcántara.
“Las instituciones de procuración de justicia, las fiscalías y las policías, nunca deben actuar o no dejar de actuar como consecuencia de presiones, opiniones ni emociones de parte de los Gobiernos, los poderes fácticos ni de la ciudadanía”, fue la objeción que formuló el Ministro Javier Laynez Potisek.
Algunos de los males mayores de la política son la simulación y la mentira, pues se utilizan para minimizar la profundidad de algunos problemas, que suelen lubricarse con las complicidades, la corrupción y la impunidad, bajo la cual se amparan, con igual benevolencia, políticos y delincuentes. Los asuntos de la justicia no se pueden resolver con encuestas, consultas o amenazas. (Por Pedro Mellado Rodríguez)