Es el compendio de la más apasionante historia de México. Es la crónica que ilusiona y pretende ofrecer fórmulas jurídicas para remediar injusticias, crueles desigualdades y desterrar agraviantes privilegios, que padecen millones de mexicanos, que pese a su marginación, carencias y angustias, se esfuerzan cotidianamente por ser felices, aún en el profundo pozo de su postración.
Refleja las aspiraciones que han expresado personas del más diverso origen, en el accidentado tránsito de más de un siglo. Pretende igualar a todos ante la ley. Por todos invocada y por muy pocos conocida, en sus enunciados esenciales y vertebrales, rige al país.
Sin embargo, el próximo domingo 6 de junio del 2021 los mexicanos decidirán en manos de quienes confiarán la custodia, edición, enmienda o renovación del documento originario y fundacional de la moderna República Mexicana, que establece con singular firmeza y solemnidad que “ la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo”. Que “todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste”. Que “el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.
¿Comprenderán la trascendencia histórica de las tareas que habrán de acometer los aspirantes a convertirse en integrantes de la renovada Cámara de Diputados de la federación, a partir del 1 de septiembre del 2021?
Los 500 nuevos legisladores -300 de mayoría y 200 de representación proporcional- serán custodios de un bien social muy preciado y superior, pues deberán respetar y cumplir, vigilar y exigir que se acaten, estrictamente, los anunciados de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la que deberán preservar, revisar, enmendar o renovar, siempre inspirados en el compromiso de hacer buenas leyes para crear condiciones que propicien la felicidad del pueblo.
Preserva la buena ley, bienes públicos esenciales: “Artículo 3.- Toda persona tiene derecho a la educación (…) Corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por éste, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica (…) Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia; promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza aprendizaje”.
Advierte el mismo numeral: “Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, dicha educación será laica y, por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa”.
Siguen vigentes las aspiraciones que refleja la Constitución en su Artículo 4.- “La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia (…) Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará (…) Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud (…) Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar (…) Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa”.
El mismo artículo establece imperativos de profundo contenido social: “El Estado garantizará la entrega de un apoyo económico a las personas que tengan discapacidad permanente en los términos que fije la Ley (…) Las personas mayores de sesenta y ocho años tienen derecho a recibir por parte del Estado una pensión no contributiva en los términos que fije la Ley. En el caso de las y los indígenas y las y los afromexicanos esta prestación se otorgará a partir de los sesenta y cinco años de edad (…) El Estado establecerá un sistema de becas para las y los estudiantes de todos los niveles escolares del sistema de educación pública, con prioridad a las y los pertenecientes a las familias que se encuentren en condición de pobreza, para garantizar con equidad el derecho a la educación”.
Preserva espacios de libertad: “Artículo 6.- La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado (…) Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión”.
Promueve la libertad de expresión: “Artículo 7.- Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio”.
Libera las conciencias: “Artículo 24.- Toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado (…) Nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de esta libertad con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política”.
Determina la custodia de los bienes de la Nación: “Artículo 27.- La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación (…) La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública…”.
Atribuye al estado, en el Artículo 28, la regulación de actividades económicas y reserva para su tutela áreas estratégicas: “No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; minerales radiactivos y generación de energía nuclear; la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, y la exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos”.
El próximo domingo los mexicanos decidirá en quienes delegan su soberanía y a quienes le confían la custodia de los bienes que la Constitución pretende preservar en beneficio del pueblo.
¿Habrá entre los nuevos legisladores quienes tengan la estatura espiritual y ética para cumplir la aspiración que José María Morelos y Pavón plasmó en “Los Sentimiento de la Nación”, en 1813?: “Que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales, que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia; y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto”. (Por Pedro Mellado Rodríguez)