El presidente Andrés Manuel López Obrador tendrá que decidir si el gobierno federal finalmente le proporciona recursos al Instituto Nacional Electoral (INE) para que realice, después de los comicios de junio, la consulta popular ya aprobada por el Senado de la República y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se pretende preguntar al pueblo si está de acuerdo en que se juzgue a funcionarios de regímenes anteriores que hayan cometido delitos en perjuicio de la sociedad, entre ellos los expresidente de la República.
El asunto podría complicarse si en los próximos comicios el presidente y Morena perdieran la mayoría en la Cámara de Diputados de la federación, pues habría una fuerte oposición a que se reasignaran recursos para esa consulta.
La consulta quedó en la incertidumbre porque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le negó al INE los recursos para llevarla a cabo, aun cuando se pretendía que ese ejercicio pudiera realizarse después de los comicios constitucionales del domingo 6 de junio del 2021, cuando se votará en el país para renovar la Cámara de Diputados de la federación (300 de Mayoría Relativa y 200 de Representación Proporcional).
La austeridad de la Cuarta Transformación podría ser un obstáculo para llevar a cabo un ejercicio que el presidente Andrés Manuel López Obrador promovió prácticamente durante sus dos primeros años de gobierno.
Por falta de dinero, ante la negativa de la Secretaría de Hacienda de proporcionar fondos, el Instituto Nacional Electoral (INE) aplazó el inicio de los trabajos de organización de la Consulta Popular 2021.
El pasado jueves 22 de abril del 2021 el INE informó que el lunes 19 de abril del 2021 recibió el oficio en el que se le comunica la imposibilidad de atender la solicitud de ampliación presupuestal que formuló y la recomendación de la Secretaría de Hacienda de que debe utilizar solo los recursos que le fueron asignados para 2021.
La consulta, según estimación del INE, costaría 890 millones 472 mil pesos. Derivado de esta falta de recursos, el INE presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al ser la institución que validó la consulta y redactó la pregunta.
Fue el 15 de septiembre del 2020 cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Senado de la República la solicitud para la realización de una consulta popular sobre el posible enjuiciamiento a los expresidentes de la República del llamado periodo neoliberal: Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.
Ese mismo día el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Eduardo Ramírez, envió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la petición del presidente, con el propósito de que analizara la pertinencia de la pregunta y la constitucionalidad de la consulta.
Originalmente, la pregunta formulada por el presidente planteaba: “¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”.
El jueves 1 de octubre del 2020 la Suprema Corte resolvió con seis votos contra cinco, que sí era constitucional la propuesta del presidente López Obrador para realizar una consulta en la que se le preguntaría al pueblo si estaría de acuerdo en que se juzgara los expresidente de la República por los abusos o delitos que pudieran haber cometido durante el cumplimiento de sus responsabilidades.
Sin embargo, la Suprema Corte le cambió todo el sentido a la pregunta, hacia un tonó más neutral y prácticamente intrascendente: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender acciones de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminada a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.
La Suprema Corte está integrada por 11 ministros, por lo tanto, el 45.45% de sus integrantes votó en contra, en respaldo de la ponencia original sobre el asunto.
“El objeto de la consulta popular solicitada es inconstitucional desde su origen pues las obligaciones de las autoridades de investigar, perseguir y sancionar los hechos delictivos no pueden disociarse de los derechos de los que las personas gozan de acceder a la justicia pronta, completa e imparcial, al debido proceso y, en general, al correcto funcionamiento de las instituciones del Estado mexicano”, señalaba el texto de la sentencia original redactada por el Ministro Luis María Aguilar Morales, que finalmente fue desechada.
La mayoría del Pleno avaló su constitucionalidad: los Ministros Arturo Zaldívar (presidente de la Suprema Corte), Margarita Ríos Farjat, Yazmín Esquivel, Alberto Pérez Dayán, Alfredo Gutiérrez y Juan Luis González Alcántara.
Ahora está en manos del presidente López Obrador que este juego se concluya. El INE solo tiene que esperar que le digan si habrá o no recursos para llevar a cabo la consulta. (Por Pedro Mellado Rodríguez / Foto: Suprema Corte de Justicia de la Nación)