Al presentar ante la Corte su Informe de Labores 2017, el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, reiteró que la Ley de Seguridad Interior contraviene principios establecidos en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos:
“Contraviene principios establecidos por el sistema interamericano de protección de los derechos humanos sobre la intervención de las fuerzas armadas en tareas vinculadas a la seguridad de las personas. La forma y términos en que deben darse las relaciones entre autoridades civiles y militares, además de que el sentido de sus definiciones y lenguaje ambiguo en el que está redactada, permitirían la injerencia del estado y la movilización de las fuerzas armadas por encima de los derechos de las personas”.
Por otro lado, informó que de enero de 2010 a abril del 2018, la CNDH presentó 592 denuncias penales en contra de servidores públicos, de las cuales 127 habrían sido concluidas y 465 permanecen en trámite. (Por Arturo García Caudillo / Foto: Archivo)
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