El Instituto Nacional Electoral tendrá más dientes para fiscalizar y morder a quienes pretendan violar las reglas de financiamiento en las próximas campañas proselitistas, con el desvío de dinero público, o la introducción de recursos ilícitos y de dudosa procedencia.
El pasado lunes 8 de febrero del 2021 el Instituto Nacional Electoral firmó un acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda para que le ayude en la tarea de fiscalizar el dinero que partidos políticos, funcionarios públicos, y poderes fácticos, tanto de la delincuencia de cuello blanco, como de la delincuencia organizada, podría utilizar en las próximas campañas electorales.
De manera natural ya tenía un espacio de coordinación y comunicación con la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, de la Fiscalía General de la República.
Pero ayer lunes 1 de marzo del 2021 la máxima autoridad electoral en México fortaleció su estrategia de cerrarle caminos al ingreso de dinero sucio o ilegal a las campañas electorales, al establecer coordinación formal con la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF).
El convenio lo firmaron el presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello y el Procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, con el propósito declarado de combatir delitos electorales, fiscales y financieros en el próximo proceso electoral.
Lorenzo Córdova afirmó que los procesos electorales son la prioridad del Instituto pero explicó que tienen claro que los ciclos de la corrupción van mucho más allá de las campañas proselitistas.
“Buscamos también fortalecer la colaboración para prevenir y combatir delitos en materia fiscal y financiera y, asimismo trabajar de forma más coordinada para identificar y combatir empresas fantasmas, factureras y mecanismos de simulación de subcontratación laboral, entre otras prácticas”, añadió el presidente del INE.
Romero Aranda señaló que los delitos fiscales y financieros se entrelazan con las conductas ilegales en los procesos electorales.
“Las mismas empresas fantasma que se utilizan para vender facturas falsas se usan para corromper el debido ejercicio y destino de los recursos públicos. Así, bajo el velo corporativo de las empresas de papel, los grupos organizados pretenden disfrazar el origen de los gastos de campañas políticas, rebasar los topes establecidos en ley y emitir tarjetas de servicios para comprar la voluntad de los ciudadanos, sobre todo, la de los más marginados. Y una vez que llegan al poder buscan cobrarse las cuentas con la entrega ilegal de obras o servicios a sobreprecios obscenos. Un círculo vicioso que debe atacarse por todos ustedes”, explicó.
El procurador fiscal calificó como verdaderamente significativo que la Administración Pública Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda, a través de la PFF y el órgano electoral nacional del Estado mexicano, hayan unido fuerzas para retroalimentarse de manera mutua con el claro objetivo de combatir estos males.
“A quienes se creían intocables, quienes se cobijaron con componendas, complicidades y corrupción, les mandamos un mensaje: enfrentarán toda la maquinaria del Estado y no encontrarán tregua, se les acabó la fiesta”, advirtió Romero Aranda. (Por Pedro Mellado Rodríguez)