Las denuncias existen, algunas fueron formalizadas ante la autoridad correspondiente y sería deseable que quienes las formularon les dieran seguimiento y exigieran que tuvieran un desenlace ajustado a las normas jurídicas.
Ese debe ser un imperativo ético y jurídico al que tendrían que responder quienes como candidatos -ahora ganadores o perdedores- hicieron señalamiento muy serios en los meses de campaña, abril y mayo pasados.
Más allá de la guerra sucia, en la que se dispararon abundantes cargas de lodo y otras inmundicias, los principales actores de la contienda que concluyó con los comicios del pasado domingo 6 de junio del 2021, están obligados a ser congruentes y seguir hasta su conclusión los casos de infracciones, abusos, corruptelas y delitos que en su momento denunciaron.
La lista de agravios es significativa. Veamos sólo algunos de los casos más relevantes o más publicitados en Jalisco.
El miércoles 2 de junio del 2021, Candelaria Ochoa, candidata de Morena a regidora de Guadalajara, formuló ante la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco una denuncia contra Pablo Lemus Navarro, candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal tapatía, por falsedad de declaraciones patrimoniales y presuntos actos de corrupción: “Hay incongruencia en sus declaraciones patrimoniales y por falsedad de las mismas. Dice no pertenecer a ciertas empresas y sí las tiene, se autoasigna un presupuesto y le asigna más a una empresa de su amigo Frangie (Juan José, candidato a la alcaldía de Zapopan)”.
Señaló Ochoa que las empresas que Lemus Navarro ocultó en su declaración patrimonial fueron Operadora Music, Trade Exchange de Guadalajara, Tecnologías para el Espectáculo, Distribuidora Fuerza Musical, Grupo Volpe y Luxshow.
El pasado 28 de mayo del 2021 el candidato de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, informó a través de un video en redes sociales que había presentado denuncia ante la Fiscalía General de Jalisco, luego de recibir amenazas de muerte: “El día de ayer recibí amenazas de muerte esto directo a los teléfonos celulares de mi esposa, de mis hijos, al mío propio y de algunos amigos cercanos (…) En este mensaje de WhatsApp se mencionaba que si yo no dejaba la candidatura de Movimiento Ciudadano a Guadalajara me matarían”.
El jueves 27 de mayo del 2021 el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano en Jalisco, Ricardo Rodríguez Jiménez, aseguró que presentaría una denuncia ante la Fiscalía General de la República para que se investigaran las actividades del candidato de Morena a la presidencia Municipal de Guadalajara, Carlos Lomelí Bolaños, por sus presuntas vinculaciones con el crimen organizado y que además demandaría la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda, y del Servicio de Administración Tributarias (SDAT).
El dirigente emecista en Jalisco afirmó que al hacerse público que Lomelí Bolaños vendió precursores químicos para la elaboración de drogas al Cartel de Sinaloa, un hecho grave, sería la primera vez que se documentara en Jalisco la participación de un político de alto perfil en el crimen organizado.
El miércoles 26 de mayo del 2021 el portal digital Latinus publicó haber tenido acceso a una investigación donde se asegura que Lomelí Bolaños admitió, ante el Gobierno de Estados Unidos, haber vendido precursores químicos al Cártel de Sinaloa y haber entregado bienes por 2.7 millones de dólares para que la agencia antinarcóticos de Estados Unidos (Drug Enforcement Administration, DEA por sus siglas en inglés) suspendiera la investigación que le inició en 2006.
El miércoles 26 de mayo del 2021 el candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía tapatía, Lemus Navarro, acusó a Lomelí Bolaños, de Morena, de comprar facturas falsas. Afirmó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tenía abierta una investigación sobre la empresa Lomedic, propiedad del morenista, pues presumía que adquirió facturas apócrifas por más de 338 millones de pesos.
Según documentos a los que se refiere ese día el periódico Mural, afirma que Lomedic entregó, durante 2014, facturas a cinco negocios catalogados como Empresas Deudoras de Operaciones Simuladas; tres de ellas ubicadas en la Ciudad de México y dos en Jalisco.
El miércoles 19 de mayo del 2021 el candidato emecista Lemus Navarro denunció que se pondría en marcha una campaña de difamación en su contra, respaldada en una embestida del Servicio de Administración Tributaria (SAT) por presunto adeudo de impuestos.
“He recibido información desde la Ciudad de México acerca de que el Gobierno federal iniciará una campaña de difamación en mi contra, esto a través de herramientas fiscales, legales y mediáticas para tratarme de descarrilar en mi candidatura de Guadalajara”, dijo el candidato emecista en un video difundido en redes sociales.
El lunes 17 de mayo del 2021, luego de recibir una cabeza de puerco con un mensaje amenazante, el candidato del partido local Futuro a la alcaldía de Zapopan, José Pedro Kumamoto Aguilar, informó que presentó dos denuncias, una ante la Fiscalía General de Jalisco y otra ante autoridades electorales.
El contendiente de Kumamoto Aguilar en Zapopan, Juan José Frangie Saade, de Movimiento Ciudadano, pidió que no se le relacionara con la presunta amenaza, sin embargo el aspirante de Futuro insistió en responsabilizarlo a él y a su partido, Movimiento Ciudadano, tanto de la amenaza como de cualquier atentado a su integridad.
La práctica de denunciar, para calumniar o denostar a un rival electoral, es abusiva y canalla, pues causa un daño que difícilmente puede ser reparado. Quienes hubiesen formulado denuncias, tienen la obligación ética y jurídica de exigir se desahoguen las investigaciones hasta las últimas consecuencias. Y quienes pudieran sentirse afectados o agraviados, estarían en su derecho de contrademandar, para exigir el pago por los daños y perjuicios que pudieran haberles causado.
Pero si hubiese sustento en las acusaciones formuladas, quienes hubiesen violado la ley deberían llegar a la cárcel. (Por Pedro Mellado Rodríguez)