Legisladores de todos los grupos en la Junta de Coordinación Política del Congreso de Jalisco coincidieron en la necesidad de reformar la Ley de Fiscalización para obligar a la Auditoría Superior del Estado a transparentar montos observados, subsanados o pendientes y vincular sus hallazgos con sanciones a servidores públicos que desvíen recursos.
Proponen auditorías aleatorias validadas por un ente externo, mecanismos de participación ciudadana y una mayor cercanía entre la ASEJ y el Poder Legislativo.
También plantean ampliar el alcance de la revisión más allá de lo financiero, incluyendo desempeño y cumplimiento de objetivos, y citar al auditor a comparecer para evaluar a fondo su gestión.
