La Suprema Corte de Justicia de la Nación renovada, que entrará en funciones el 1 de septiembre de 2025, enfrentará un rezago de más de mil 300 asuntos sin resolver y estará sujeta a un plazo legal máximo de seis meses por caso, según lo establece la reciente reforma judicial. Con solo tres ministras con experiencia previa en el cargo, el resto de los integrantes deberá asumir funciones en medio de una carga crítica de trabajo y bajo la amenaza de sanciones por incumplimiento. Expertos advierten que la falta de trayectoria y la posible alineación política del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial podrían derivar en resoluciones débiles, vigilancia selectiva y un debilitamiento del control constitucional.
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