La Suprema Corte de Justicia de la Nación validó la facultad otorgada a la Secretaría de Hacienda para congelar, sin orden judicial previa, cuentas bancarias a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, siempre que haya indicios de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.
Según el proyecto, esta acción no implica determinación de responsabilidad ni sustituye las facultades del Ministerio Público, sino que opera en un “plano preventivo”.
El dictamen obliga a la Secretaría de Hacienda notificar a la persona interesada las razones del congelamiento de las cuentas y de su incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas.
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