Tres juzgados federales rechazaron los primeros amparos promovidos contra la reforma constitucional que limita las llamadas “pensiones doradas”.
Los jueces de distrito determinaron la improcedencia de las demandas, al señalar que la Constitución prohíbe impugnar sus propias reformas mediante juicio de amparo.
La modificación establece un tope de ingresos equivalente al 50 por ciento del salario presidencial, lo que impacta a miles de jubilados de organismos como Pemex y la CFE.
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