La Fiscalía General de la República clasificó por cinco años la información relacionada con el interrogatorio realizado en mayo al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, investigado por presuntos vínculos con el narcotráfico.
La dependencia argumentó que divulgar el cuestionario podría afectar las líneas de investigación, vulnerar los derechos de las personas involucradas y comprometer el desarrollo de la carpeta de investigación.
La Fiscalía señaló que la difusión de estos datos contravendría disposiciones legales y podría derivar en responsabilidades penales y administrativas para quien revele información reservada.
La clasificación fue ratificada por el Comité de Transparencia y permanecerá vigente hasta 2031 o mientras subsistan las causas que la motivaron.
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