Al menos 33 hechos violentos contra actores políticos se han registrado en México durante 2026, con un saldo de 28 personas fallecidas, entre alcaldes, exalcaldes, dirigentes partidistas, legisladores, funcionarios municipales y familiares.
Guerrero concentra la mayor incidencia, seguido por Oaxaca y Morelos.
Especialistas atribuyen esta violencia a la creciente intervención de grupos criminales en los procesos electorales, mediante ataques para influir en el control político y territorial.
En varios casos, las víctimas habían manifestado su intención de competir en las elecciones de 2027 o eran consideradas posibles candidatos.
El fenómeno, advierten expertos, refleja la disputa de organizaciones delictivas por incidir en gobiernos municipales y estatales.
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