La Cámara de Diputados aprobó la Declaratoria de Reforma Constitucional en materia de extorsión.
Con la validación de 25 congresos estatales, el decreto fue remitido al Ejecutivo federal para su publicación y entrada en vigor.
El decreto establece un plazo de 180 días para que el Congreso de la Unión expida la ley reglamentaria, la cual deberá fijar, como mínimo, los tipos penales, sus agravantes, delitos vinculados y sanciones aplicables.
La intención de la reforma es crear un marco legal uniforme que permita prevenir, investigar y sancionar la extorsión, además de garantizar mecanismos de atención efectiva a víctimas, ofendidos y testigos.
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