Con el fin de frenar una nueva modalidad de agresión en espacios públicos, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso capitalino aprobó una reforma al Código Penal local para tipificar los llamados “pinchazos” como delito.
El dictamen, avalado por mayoría, contempla penas de 2 a 5 años de prisión y multas de hasta 300 días para quienes administren sustancias sin consentimiento mediante inyecciones, bebidas o alimentos.
Las sanciones aumentarán si el hecho ocurre en transporte público, eventos masivos o si facilita otros delitos como abuso sexual o robo.
La propuesta, impulsada por la jefa de Gobierno Clara Brugada, fue modificada para que sólo se investigue bajo denuncia.
El dictamen podría ser discutido en el Pleno este martes.
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