Tras darse a conocer la basificación irregular de 105 empleados en Tonalá y quedando aún pendiente la entrega de 69 plazas, la licenciada Maricela Cerda Ortiz, una de las afectadas por el concurso, impugnó en tribunales estas designaciones que de momento benefician a personas cercanas a los líderes sindicales e implicaría también el acomodo de gente afín a funcionarios municipales.
La litigante señaló que interpuso un juicio de amparo donde afirma, se han presentado prácticas dilatorias por parte del ayuntamiento para esconder información alrededor de esta convocatoria y asignación:
“Por lo que a todas luces estamos en un supuesto de maquillar, de poder manipular muchos de esos espacios que se otorgaron de manera dolosa y que privilegiaron a la parte VIP”.
Los salarios de los nuevos basificados van de los siete a los 19 mil pesos, una erogación de 2.4 millones de pesos al mes, para un municipio que ya se encuentra golpeado en sus finanzas. (Por Héctor Escamilla Ramírez)