El fiscal general de California, Rob Bonta, junto con sus homólogos de diez estados, presentó una demanda contra el Gobierno de Donald Trump por revocar la prohibición estatal de vender autos a gasolina a partir de 2035.
Acusan a la administración federal de usar ilegalmente la Ley de Revisión del Congreso para anular las políticas ambientales de California, que buscaban acelerar la transición a vehículos eléctricos.
Trump justificó su decisión en nombre de la libertad de elección, pero los demandantes advierten que el retroceso impactará en la salud pública y costará hasta 45 mil millones de dólares.
El gobernador Gavin Newsom denunció que se trata de un ataque político que pone en riesgo la calidad del aire y la competitividad del país.
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