El choque ya es frontal y en algún momento el asunto tendrá que analizarse en el terreno judicial, para que sea la autoridad jurisdiccional, y probablemente hasta la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que defina a quien asiste la razón, sobre los criterios administrativos del Instituto Nacional Electoral (INE), respaldados por el Tribunal Federal Electoral, y la presunción de delitos graves que persigue la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, con respecto a la propaganda electoral y en particular a la entrega de tarjetas de plástico o cartón que pretenden garantizar por anticipado beneficios económicos o bienes, en caso de que el candidato promotor gane las elecciones.
Y en esta confrontación estará en medio el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien ha expresado de las más diversas formas, que apoya las acciones de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales contra los candidatos que violen la ley durante las actuales campañas electorales que transcurren entre el domingo 4 de abril y el miércoles 2 de junio.
El torbellino también arrastrará a Adrián Emilio de la Garza Santos, candidato de la coalición PRI-PRD a la gubernatura de Nuevo León, sobre quien la Fiscalía General de la República (FGR) señaló, en comunicado oficial, el pasado lunes 10 de mayo del 2021: “Este caso, del que se ha abierto la carpeta correspondiente, es el referido concretamente a ese ilícito, atribuido a Adrián ‘D’, por solicitar el voto femenino a su favor, a cambio de la entrega de una denominada ‘tarjeta rosa’, que permite obtener dinero, una vez que dicho candidato gane las elecciones para gobernador del estado de Nuevo León; lo cual significa la compra y coacción del voto”.
La tormenta también atrapará a Samuel Alejandro García Sepúlveda, candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Nuevo León, a su padre Samuel Orlando García Mascorro, a su esposa Mariana Rodríguez, y a su suegro Jorge Gerardo Rodríguez Valdez.
A todas estas personas la FGR les señaló, en el mismo comunicado: “Se han recibido denuncias diversas, la última de las cuales proviene de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (…) por hechos presuntamente delictivos, señalados en el artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que se refiere a aportaciones en dinero o en especie, así como fondos o bienes de origen ilícito, utilizados, en forma ilegal, para fines electorales. Todo lo cual se está investigando en una carpeta específica, en la que se están desahogando todas las denuncias y las pruebas aportadas, para obtener, a la brevedad posible, la determinación jurídica que proceda en este caso, en el que las denuncias vinculan a una serie de personas físicas y morales, así como operaciones diversas, que han sido señaladas en sus montos y fechas, por la propia autoridad hacendaria”.
Con fecha del 12 de mayo del 2021, la plataforma digital oficial del INE publicó: “El Consejero Electoral Ciro Murayama, expuso que la promesa de dar programas sociales no es violatoria de la ley electoral, por lo que la entrega de cartoncillos o plásticos, si no implican dinero o apoyos detrás no es ilegal, ‘es una propaganda que puede parecer de mal gusto, pero la autoridad jurisdiccional la permitió’. Sin embargo, advirtió que aquello que se debe frenar es la compra y coacción del voto”.
Con respecto a estas conductas la Ley General en Materia de Delitos Electorales prevé en su Artículo 7 que se impondrá de cincuenta a cien días multa y prisión de seis meses a tres años, a quien: “VII.- Solicite votos por paga, promesa de dinero u otra contraprestación, o bien mediante violencia o amenaza, presione a otro a asistir a eventos proselitistas, o a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición, durante la campaña electoral, el día de la jornada electoral o en los tres días previos a la misma”.
En tanto que el Código Nacional de Procedimientos Penales, de aplicación en toda la República, considera en su Artículo 167: “El Ministerio Público sólo podrá solicitar al Juez de control la prisión preventiva o el resguardo domiciliario cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, siempre y cuando la causa diversa no sea acumulable o conexa en los términos del presente Código”.
Y agrega: “El Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales…”.
Con respecto al caso de Samuel García, Ley General en Materia de Delitos Electorales estipula: “Artículo 15.- Se impondrá de mil a cinco mil días multa y de cinco a quince años de prisión al que por sí o por interpósita persona realice, destine, utilice o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política cuando exista una prohibición legal para ello, o cuando los fondos o bienes tengan un origen ilícito, o en montos que rebasen los permitidos por la ley”.
La Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales que encabeza José Agustín Ortiz Pinchetti está obligada a ampliar sus investigaciones a los casos de muchos otros candidatos que están comprometiendo el voto con la promesa de entregar beneficios que presumiblemente se garantizan con tarjetas de plástico o cartón, entregadas durante las campañas electorales.
En breve podrían presentarse casos de candidatos en campaña, e incluso de diputados, alcaldes o gobernadores electos, contra quienes podría haber órdenes de aprehensión o procesos judiciales en curso por delitos electorales. Sería el momento culminante de la confrontación entre el INE, la Fiscalía General de la República y el Presidente de la República. (Por Pedro Mellado Rodríguez)