La Comisión Nacional de los Derechos Humanos exhorta al Congreso de Jalisco para que en las modificaciones a la Ley Estatal Anticorrupción, que señalan la posibilidad de remover a los integrantes del Comité de Participación Social, se analicen de conformidad a los principios de debido proceso, autonomía e independencia de organismos ciudadanos y derecho a la participación ciudadana.
El pasado 30 de agosto, el congreso de Jalisco aprobó dicha reforma que regula las condiciones en que se desempeñarán las y los integrantes del Comité de Participación Social, el cual tiene como objetivo coadyuvar al cumplimiento de los lineamientos del Sistema Estatal Anticorrupción.
El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro regresó la reforma con observaciones, en las cuales proponía un sistema para la revocación de los miembros del comité, lo que vulnera el carácter autónomo que este.