El Congreso de Jalisco aprobó las leyes secundarias derivadas del denominado Plan B electoral, con las que se modifican diversos requisitos para quienes aspiren a cargos de elección popular y se ajustan aspectos de la organización de los procesos electorales locales.
Entre las nuevas disposiciones se contempla que las personas candidatas presenten documentación como examen toxicológico, evaluaciones de control de confianza y constancia de no antecedentes penales, entre otros requisitos.
Durante la discusión del dictamen, la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Norma López, cuestionó algunas de estas medidas.
“No tienes que tener una sentencia condenatoria por violencia sexual, que seas parte de la delincuencia organizada, que seas deudor alimentario, que tengas que pasar un test psicológico, todo lo que es el control. Creo que es inconstitucional. También pedir la carta de antecedentes penales”.
La legislación también define las fechas de inicio de los procesos electorales y de las precampañas.
Asimismo, establece que los municipios con entre 50 mil y 500 mil habitantes podrán contar con un máximo de 14 regidurías, mientras que aquellos que superen esa población tendrán un límite de 15. (Por Marck Hernández)
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