La decisión de Donald Trump de enviar 700 marines a Los Ángeles, sumados a los 4,100 elementos de la Guardia Nacional ya desplegados, desató una ola de críticas por parte de autoridades locales y organizaciones civiles, que acusan una militarización inconstitucional frente a las protestas por las redadas migratorias.
Aunque el Comando Norte defendió la medida como una estrategia para proteger a agentes del ICE y bienes federales, el gobernador Gavin Newsom presentó una demanda por lo que califica como “toma ilegal” del estado.
Activistas y expertos advierten de un riesgo creciente de violencia y señalan que se están vulnerando derechos humanos y civiles.
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