Aunque fue eliminado el polémico artículo 109 de la propuesta de reforma a la Ley de Telecomunicaciones, especialistas advierten que persisten riesgos de censura y concentración de poder en el Ejecutivo.
El artículo 8 fracción 62 aún permite a la nueva Agencia de Transformación Digital suspender transmisiones, lo que ha sido criticado por partidos de oposición y expertos como una puerta abierta al autoritarismo.
Además, se cuestiona el posible uso político de las concesiones, la creación de un padrón biométrico de usuarios móviles y la falta de autonomía regulatoria.
Académicos señalan que esto limitaría la capacidad de las audiencias para elegir libremente sus contenidos y centralizaría el control de medios en el gobierno federal.
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