El gobierno de Claudia Sheinbaum puso fin al programa que permitía la regularización de automóviles usados de Estados Unidos y Canadá importados irregularmente desde el 2022, atendiendo a uno de los reclamos de la industria automotriz por considerarse una competencia desleal en la comercialización de unidades.
Bajo esta medida se marca el cierre definitivo de un programa iniciado durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, que a decir de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores generó corrupción y era un instrumento utilizado por el contrabando.
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