El gobierno de Guatemala declaró estado de sitio por 30 días, tras acusar a pandillas de matar a ocho policías durante motines en prisiones y ante la negativa de grupos criminales a negociar el traslado de sus cabecillas a una cárcel de menor seguridad.
La medida, que debe ser ahora ratificada por el Congreso, suspende derechos de reunión y manifestación, y permite las detenciones e interrogatorios sin orden judicial.
Además permitirá suspender algunas garantías constitucionales para combatir a las pandillas Barrio 18 y a la Mara Salvatrucha, consideradas “terroristas” por Estados Unidos y Guatemala, y acusadas de sicariato, extorsión y tráfico de drogas.
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