Desde el pasado jueves 7 de enero del 2021 el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que promovería una profunda reforma administrativa en la que propondría que organismos autónomos pudieran ser absorbidos por dependencias federales.
“Tenemos que revisar todos estos aparatos, su función, para que no haya duplicidad porque necesitamos ahorrar, ser eficientes, no tener tantos aparatos que consumen presupuesto”, justificó el mandatario.
Criticó que funcionarios de estos organismos tienen altos salarios y tomó al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para ejemplificar su crítica contra los organismos autónomos.
Este jueves 29 de abril del 2021 reiteró su malestar contra los organismos autónomos: “Tienen trabajo los cercanos a los altos funcionarios públicos, a legisladores, recomiendan. Cuando van a dar una plaza para ser consejero en uno de estos organismos autónomos se inscriben cientos porque un buen sueldo, bien pagados, no hacen nada. ¿Ustedes creen que esos trabajan el sábado y el domingo? No, ocho horas”.
Reprochó: “Llegan a la oficina a las 10, tomar el café, antes era leer el periódico, pero ahora ya es el internet, dos, tres cosas, ya llegó la hora de la comida, ya no regresan; si regresan, una o dos horas. Pero además no defienden al pueblo, no están para servir al pueblo. Todo esto lo crearon para llevar a cabo el saqueo del periodo neoliberal”.
La actual administración ha puesto especial interés en revertir las reformas constitucionales que llevó a cabo el gobierno del priista Enrique Peña Nieto 2012-2018. Y en general, enmendar los cambios hechos a la Carta Magna durante los gobiernos llamados neoliberales, desde el régimen de Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988) hasta el que antecedió a López Obrador.
La administración de Peña Nieto puso énfasis en 11 reformas llamadas estructurales, que modificaron 155 artículos constitucionales, para concretar las reformas Energética, Reforma en Materia de Competencia Económica, Reforma en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, Reforma Hacendaria, Reforma Financiera, Reforma Laboral, Reforma Educativa, Nueva Ley de Amparo, reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales, Reforma Política-Electoral y Reforma en Materia de Transparencia.
Hasta la fecha, la administración de López Obrador ha promovido reformas a 50 artículos constitucionales, principalmente pare revertir las reformas educativa y energética, pero va por más, para adecuar el andamiaje jurídico a los propósitos de la llamada Cuarta Transformación.
En el transcurso del último siglo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha experimentado 758 reformas, desde 1921 a 2021. Los que más artículos modificaron fueron: Enrique Peña Nieto, con 155; Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, con 110; Ernesto Zedillo Ponce de León, con 78; Miguel de la Madrid Hurtado, con 66; Carlos Salinas de Gortari, con 55 y Andrés Manuel López Obrador, quien hasta la fecha lleva 50.
El artículo de la Constitución que más reformas ha experimentado es el 73, que se refiere a las facultades del Congreso, que en los últimos 100 años, desde 1921 hasta 2021 ha sido modificado en 84 ocasiones.
El Artículo 123, orientado a regular el trabajo y a la previsión social, ha sido modificado 27 ocasiones desde 1929 hasta 2017.
También en 20 ocasiones le han metido mano al artículo 27 constitucional, que señala que “La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada”.
Este artículo despierta muchos apetitos porque agrega además: “Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización (…) La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana”.
Se han hecho 19 reformas al Artículo 89, que regula las facultades y obligaciones del Presidente de la República. Con 18 reformas aparece el Artículo 107, que establece las bases y procedimientos para la promoción del amparo, como una forma de control constitucional.
Y con 17 reformas están los artículos, 74, sobre las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados y 115, que establece que los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre.
Nada extraño es que el gobierno de la Cuarta Transformación quiera hacerle Photoshop al maltrecho y ajado rostro de la Constitución Mexicana. Después de los comicios del próximo 6 de junio del 2021, cuando se renovará la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, sabremos si conserva la fuerza legislativa suficiente para lograrlo. (Por Pedro Mellado Rodríguez)