El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, rechazó el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU que advierte que este delito en el país podría alcanzar niveles de crimen de lesa humanidad.
La Cancillería calificó el documento como tendencioso y señaló que no incorpora información actualizada ni los avances recientes en materia de búsqueda y atención a víctimas.
El Gobierno federal afirmó que ha impulsado reformas legales y acciones coordinadas con colectivos.
También acusó falta de rigor jurídico en el análisis del organismo internacional.
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