Durante el sexenio de Enrique Alfaro en Jalisco, las solicitudes de información casi se duplicaron y las inconformidades ciudadanas por falta de respuesta se cuadruplicaron, según datos del Instituto de Transparencia de Jalisco.
Con la reciente reforma avalada por el Congreso local, este organismo autónomo desaparece y sus funciones pasarán a la Contraloría estatal.
Académicos y organizaciones civiles alertan sobre el riesgo de que el Gobierno se convierta en juez y parte en materia de acceso a la información, mientras el Congreso tiene noventa días para crear un nuevo organismo ciudadano que garantice la rendición de cuentas.
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