Si la tan cacareada “refundación” de Jalisco que pregona el actual gobernador Enrique Alfaro Ramírez tuviera algún sentido, debería demostrar, en los hechos concretos y en las pruebas superadas, que sus discursos van más allá del simple lucimiento superficial y frívolo, del exabrupto golpeador o del gesto intimidatorio para alimentar el entusiasmo y el aplauso de las galerías incondicionales.
Para probar que merece la aprobación y el aprecio de las personas honradas, y alcanzar tan singular y elevado mérito, Alfaro Ramírez debería actuar en forma consecuente con los que asegura son sus principios, los de su partido Movimiento Ciudadano, y los que guían a su ya tan desdibujada administración.
Por lo menos ahora que está tan comprometido y entusiasmado con resaltar las que presume son las bondades de su gobierno, en plenos tiempos electorales.
La conducta como presunto servidor público de su subordinado Juan Carlos Márquez Rosas, actual Procurador Social del gobierno de Jalisco, ha sido severamente cuestionada en fechas recientes, con respecto a dos casos muy concretos.
Márquez Rosas, exdiputado local por el PAN y su entonces compañero de partido, José María Martínez Martínez, fueron acusados de vender posiciones de Magistrado en el Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, durante sus diversas etapas como diputados locales en el Congreso del estado.
Sin rodeos, el panista Herbert Taylor Arthur, excoordinador de Innovación y Desarrollo del gobierno de Jalisco durante la administración del albiazul Emilio González Márquez (2007-2013), señaló a “Chema” Martínez y a quien llamó “su secuaz”, Juan Carlos Márquez Rosas, de vender plazas de Magistrados a 5 millones de pesos.
Lo dijo en una conferencia virtual organizada por el Comité Directivo Municipal del PAN en Guadalajara, que encabezaba Faviola Martínez, hermana de José María, relata el reportero Francisco de Anda Argumedo en una nota publicada por Mural el viernes 28 de agosto del 2020.
Juan Carlos y “Chema” Martínez fueron diputados en el Congreso de Jalisco de forma alternada, entre las legislaturas 57 y 60. José María fue diputado local en las Legislaturas 57, del 2004 al 2007 y en la 59, del 2010 al 2013. Luego, del 2012 al 2018 fue Senador de la República. En forma alternada, Juan Carlos fue legislador local en las legislaturas 58, del 2007 al 2010 (presidió la Comisión de Justicia) y en la 60, del 2013 al 2016 (fue vocal de la Comisión de Justicia).
Del 2016 al 2018 Juan Carlos fue regidor del PAN en Guadalajara, durante la administración del emecista Enrique Alfaro Ramírez y presidió la Comisión de Justicia del Ayuntamiento tapatío. Juan Carlos ya había coincidido en la Legislatura 58 con Enrique Alfaro, entonces diputado plurinominal del PRD.
“Chema” Martínez es actualmente el número 1 en la lista de candidatos plurinominales de Morena a una diputación local en Jalisco. Es casi un hecho que volverá a ser diputado.
Esta semana, nuevamente en Mural, fueron publicados hechos que comprometen a Juan Carlos Márquez en la presunta comisión de delitos electorales.
La Ley General en Materia de Delitos Electorales es muy clara en su Artículo 11, al advertir que se impondrán de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de dos a nueve años, al servidor público que: “I.- Coaccione o amenace a sus subordinados para que participen en eventos proselitistas de precampaña o campaña, para que voten o se abstengan de votar por un candidato, partido político o coalición”.
También se sancionará con igual penalidad al servidor público que: “III.- Destine, utilice o permita la utilización, de manera ilegal de fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición, en virtud de su cargo, al apoyo o al perjuicio de un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato, sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por el delito de peculado o, IV.- Proporcione apoyo o preste algún servicio a un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato, sea que lo haga por sí mismo o a través de sus subordinados, en sus horarios de labores”.
En un audio al cual Mural tuvo acceso -refiere la nota publicada este lunes 12 de abril del 2021-, se escucha al funcionario citar a los miembros de la Procuraduría Social del Estado, en el cruce de las Avenidas Pablo Neruda y Terranova en Guadalajara, para acudir a realizar actos de campaña al Distrito 3, ubicado en la zona de los Altos de Jalisco, sin especificar el candidato a apoyar.
“A todos aquellos que no están en la lista que Jorge mandó, para que este fin de semana se fueran al distrito 3, y que mañana también van a ir a hacer campaña al 3, o sea a los Altos de Jalisco, todos los que no estén en esa lista los convocamos mañana 10:30 de la mañana en el Soriana de Terranova y Pablo Neruda, con su playera naranja del águila o su playera blanca del águila, gorra naranja o blanca para darle identidad al equipo”, expresó.
La nota agrega que además, Márquez Rosas pide a sus empleados no utilizar playeras ni prendas alusivas a candidatos del partido naranja, para demostrar “fuerza de equipo”, vinculado a él: “No se vayan a llevar una playera de Mauro o Lemus, lo que queremos es ir bien identificados como equipo para que se vea la fuerza que traemos, si se llevan una playera de algún candidato, se va a notar que son equipo del candidato”.
Precisa la nota de Mural que al finalizar el audio, el Procurador Social explica que la intención de acudir vestidos con los colores alusivos a Movimiento Ciudadano es para tomar una fotografía con los empleados de la Dependencia: “Queremos hacer una foto al final de la pega que la vamos a subir a redes como equipo de la procu, como equipo Márquez”.
Una vez publicados los hechos por el periódico Mural, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Jalisco, que encabeza Ricardo Suro Gutiérrez, debería acatar lo que disponen los artículos 4 y 5 de la referida Ley General en Materia de Delitos Electorales.
“Artículo 4.- El Ministerio Público, en todos los casos, procederá de oficio con el inicio de las investigaciones por los delitos previstos en esta Ley; Artículo 5.- Tratándose de servidores públicos que cometan cualquiera de los delitos previstos en esta Ley, se les impondrá, además de la sanción correspondiente en el tipo penal de que se trate, la inhabilitación para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público federal, de las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de dos a seis años y, en su caso, la destitución del cargo”.
Desgraciadamente, en Jalisco pesan más las complicidades y los compromisos de facciones o grupos políticos, que el respeto y cumplimiento estricto de la ley. Probablemente el gobernador no mostrará algún interés por esta denuncia. No actuará. Difícilmente el Fiscal electoral investigará, no está en su naturaleza. Este caso será uno más de los aderezos de la “refundación” alfarista. (Por Pedro Mellado Rodríguez)