La Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma constitucional que elimina las llamadas “pensiones doradas” y las fija en un tope máximo equivalente al 50 por ciento del salario presidencial.
La medida excluye a las fuerzas armadas y busca frenar jubilaciones consideradas excesivas.
Sin embargo, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano advirtieron que la reforma podría aplicarse de manera retroactiva, lo que afectaría a pensionados y vulneraría la seguridad jurídica.
Mientras Morena defendió el ajuste para corregir abusos, legisladores de oposición alertaron sobre posibles litigios y consecuencias legales en el sistema de pensiones.


