La Asamblea Nacional Popular de China aprobó una nueva ley denominada de “unidad étnica”, que formaliza políticas para promover el mandarín como lengua común en la educación, los trámites oficiales y los espacios públicos.
El gobierno de China aseguró que la norma busca reforzar la cohesión nacional y combatir actividades consideradas terroristas, separatistas o de extremismo religioso.
Sin embargo, organizaciones como Human Rights Watch advierten que la legislación podría afectar a minorías lingüísticas del país, entre ellas hablantes de uigur, mongol y tibetano.
Especialistas señalan que el cambio marca un giro respecto a políticas impulsadas durante el gobierno de Deng Xiaoping, que permitían a las minorías mantener el uso de sus lenguas en el ámbito educativo.
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