El Congreso de Guanajuato aprobó la prohibición de las llamadas terapias de conversión, prácticas que durante años han sido denunciadas por organizaciones de derechos humanos por atentar contra la dignidad e integridad de las personas.
La reforma establece penas de 2 a 6 años de prisión para quien realice, imparta, aplique, obligue o financie cualquier método destinado a modificar la orientación sexual o identidad de género.
Además, cuando estas acciones se cometan contra menores de edad, personas con discapacidad, adultos mayores o personas privadas de la libertad, las sanciones podrán incrementarse hasta en una cuarta parte, al considerarse agravantes por la situación de vulnerabilidad de las víctimas.
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