El Gobierno de Jalisco comenzó una ruta de trabajo interinstitucional para preparar la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ordenamiento que entrará en vigor a más tardar el 1 de abril de 2027.
La Consejería Jurídica del Estado instaló mesas de trabajo con representantes de los poderes Judicial y Legislativo, así como con el Colegio de Notarios, para revisar leyes locales y definir ajustes necesarios que permitan armonizar la normativa estatal con el nuevo modelo nacional.
La consejera jurídica, Tatiana Anaya, señaló que el objetivo es garantizar una implementación ordenada y útil para la ciudadanía en temas relacionados con familia, patrimonio, contratos y sucesiones.
Las autoridades también contemplan capacitación para juzgados y áreas jurídicas con el fin de facilitar el acceso a la justicia y homologar criterios en todo el estado.
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