Si algo distingue al común denominador de las nuevas generaciones de hombres públicos, es que son estrellas fugaces de la política, que se consumen muy rápido, en el fuego de sus propias vanidades, frivolidades y excesos.
Por eso van rápido y terminan rápido. Por eso les abruma la urgencia de hacer fortuna fácil y pronta, al costo que sea, porque saben que, víctimas de sus propia inconsistencias y fragilidades, muy pronto, y muy jóvenes, pasarán a las filas de los defenestrados y de las reservas que casi nadie quiere o necesita, cuyas historias, sólo en muy excepcionales ocasiones, podrán aspirar a tener un final feliz.
Por eso no son confiables y deambulan después de un partido a otro, ciclo tras ciclo, electoral o de gobierno, en busca de alguna modesta posición, al abrigo de alguna camarilla que controle algún pedacito de nómina, lubricada por las complicidades.
Por eso un amplio segmento de estas nuevas generaciones de políticos no tiene la capacidad de construir futuro. Porque muy poco confían en el suyo propio. Construyen y al mismo tiempo destruyen instituciones que nacen enfermas de origen, pues están concebidas más para fines utilitarios que para el servicio a la sociedad.
Edifican estructuras obesas y dispendiosas, para multiplicar insanos beneficios de chambas y afianzar lealtades perversas. Y casi siempre que diseñan el andamiaje jurídico de una nueva institución pública, procuran poner los suficientes candados o trampas, para manipularla desde el poder, al mismo tiempo que cuidan bien dejar abierta una puerta trasera, disimulada o escondida, por la que sea posible escabullirse, cuando los apremios lo exijan.
No es extraño entonces que el Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco haya fracasado. Desde un principio estuvo diseñado para estar bajo el control de los poderes formales y fácticos, que aliados, preservan privilegios, impunidades y perpetúan corruptelas.
Vigente a partir del 19 de julio de 2017, la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco establece, desde el principio, un control abrumador de funcionarios públicos sobre el Comité Coordinador, que es “la instancia responsable de establecer mecanismos de coordinación entre los integrantes del Sistema Estatal y éste con el Sistema Nacional y (que) tendrá bajo su encargo el diseño, promoción, implementación y evaluación de políticas públicas de combate a la corrupción”.
¿Quiénes integran el Comité Coordinador?
1.- Un representante del Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Estatal Anticorrupción, quien lo preside. Este CPS lo integran actualmente: Annel Alejandra Vázquez Anderson (presidenta), Jesús Ibarra Cárdenas, Nancy García Vázquez, David Gómez-Álvarez Pérez y Pedro Vicente Viveros Reyes
2.- El titular de la Auditoría Superior del Estado, Jorge Alejandro Ortiz Ramírez, atado a la voluntad política de la presidenta de la Comisión de Vigilancia y Sistema Anticorrupción del Congreso de Jalisco, la diputada emecista Mirza Flores Gómez, incondicional del gobernador Enrique Alfaro Ramírez.
3.- El titular de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar, acotado por la voluntad del Fiscal General, Gerardo Octavio Solís Gómez, quien a su vez responde al gobernador Alfaro Ramírez.
4.- La titular de la Contraloría del Estado, Teresa Brito Serrano, quien le fue heredada al gobierno de Alfaro Ramírez por la administración del priista Jorge Aristóteles Sandoval Díaz. Desde hace muchos meses que ya no se escucha su voz ni marca agenda en la lucha anticorrupción.
5.- Un representante del Consejo de la Judicatura Estatal, que suele ser el presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura, actualmente el Magistrado Daniel Espinosa Licón, quien llegó al cargo apoyado por Movimiento Ciudadano y con el respaldo del gobernador se encumbró en el Poder Judicial de Jalisco.
6.- La presidenta del Instituto Estatal de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, cargo que desempeña Cynthia Patricia Cantero Pacheco desde el 2013, cuyo desempeño se ha caracterizado más por las relaciones públicas que por promover o imponer políticas que obliguen a la transparencia a los poderes públicos de Jalisco.
7.- El Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, magistrado José Ramón Jiménez Gutiérrez, quien fue designado integrante de la Sala Superior el 15 de diciembre del 2017, con el respaldo del entonces coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Jalisco, Ismael del Toro Castro y del entonces presidente municipal de Guadalajara Enrique Alfaro.
Se advierte en el Artículo 10 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco que “para el adecuado funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción, la presidencia del Comité Coordinador durará un año, la cual será rotativa entre los miembros del Comité de Participación Social”.
Actualmente, dos de los “consejeros ciudadanos” del Comité de Participación Social, David Gómez-Álvarez Pérez y Pedro Vicente Viveros Reyes, son exfuncionarios públicos.
Gómez-Álvarez Pérez fue subsecretario de Planeación en el Gobierno del priista Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, del 1 de marzo de 2013 hasta el lunes 14 de agosto de 2016. El 21 de octubre del 2019 fue designado integrante del CPS.
El martes 27 de octubre del 2020 Viveros Reyes fue nombrado integrante del CPS. Hasta antes de ingresar al CPS, Viveros Reyes laboraba en la Secretaría General de Gobierno de Jalisco, que encabeza Juan Enrique Ibarra Pedroza, como secretario técnico G, con un sueldo mensual de 66 mil 873 pesos (Reporte Índigo, 6 de noviembre del 2020).
Un Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, que pretende combatir la corrupción en el seno del gobierno, está determinado por la voluntad del gobierno en turno. ¿Así o más falso el asunto? (Por Pedro Mellado Rodríguez)