A 11 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, padres de familia exigieron al Gobierno federal voluntad real para profundizar en las líneas que apuntan a la participación del Ejército y al uso posterior de los teléfonos de los jóvenes.
En una transmisión por redes sociales, denunciaron que el caso sigue estancado por la protección a militares, pese a que desde el inicio hubo indicios de la implicación de policías locales, estatales y federales.
Loas familiares de las víctimas se reunieron con personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que informó que en octubre emitirá una recomendación sobre el caso.
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