Para lubricar su ambición de ser candidato presidencial en 2024, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, tendrá una potente caja de resonancia, en el estado de Nuevo León, con la llegada a la gubernatura de esa entidad del emecista Samuel García Sepúlveda.
Alfaro Ramírez tendrá en García Sepúlveda el mejor eco para sus propuestas y reclamos, y seguramente un aliado incondicional en su cruzada contra el gobierno federal, al que reclama -desde su muy particular visión- su centralismo, autoritarismo e injusticias en materia fiscal.
Nada extraño sería que el eco de Jalisco llegara con mucha potencia a Nuevo León y que García Sepúlveda también pretendiera avanzar por el camino de la “refundación”, que hasta el momento ha estado en compás de espera en nuestra entidad.
Igual, el bisoño mandatario neoleonés podría convocar a una consulta para sondear la potencial salida de su estado del Pacto de Coordinación Fiscal y hasta asumir como propia la temeraria idea de redactar una nueva constitución, como es aspiración de su homólogo jalisciense.
Jalisco y nuevo León son dos de las cuatro entidades con más poder económico e influencia política en México, junto con el Estado de México y la Ciudad de México.
Alfaro Ramírez y García Sepúlveda gobernarán a una población de 14 millones 132 mil 593 personas, según datos del Censo 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). El 11.21% de la población del país, estimada en 126 millones 14 mil 24 personas.
También, juntos Jalisco y Nuevo León suman 10 millones 404 mil 416 potenciales votantes, el 11.12% del total nacional, tomando como base la Lista Nominal de Electores con corte al sábado 10 de abril, que se usó en los comicios del pasado 6 de junio del 2021.
La primera muestra de la gran influencia del gobernador Alfaro Ramírez en García Sepúlveda se observó el pasado domingo 2 de mayo del 2021, cuando el entonces candidato a la Gubernatura de Nuevo León por Movimiento Ciudadano, presumió en un debate el escudo urbano de cámaras C5 de Jalisco y la Policía Metropolitana de Guadalajara, que en nuestra entidad han sido proyectos fallidos.
“Cada semáforo en Nuevo León, mil 100 cruces deberían tener una cámara, un GPS y estar todos conectados al C5, Jalisco ya lo logró. Jalisco tiene una Policía Metropolitana en la que Zapopan y Guadalajara pueden coordinarse, aquí no se hablan por temas políticos”, aseguró García Sepúlveda.
Alfaro Ramírez y Movimiento Ciudadano tendrán una cómoda mayoría en el Congreso de Jalisco con el apoyo de sus aliados incondicionales del PAN.
Sin embargo, para Samuel García la tarea de gobernar será ingrata, con un congreso adverso, en el cual habrá mayoría del PAN y de la coalición PRI-PRD, que lograron 10 y 12 distritos electorales, respectivamente, de un total de 26. Los cuatro distritos restantes fueron para la coalición Morena-Partido del Trabajo-Partido Verde.
En Nuevo León hay también 16 diputaciones de Representación Proporcional, de las cuales MC podría obtener entre cuatro y cinco.
Una de las primeras dificultades que enfrentará García Sepúlveda será la aprobación del Presupuesto de Egresos, pues el Artículo 63 de la Constitución neoleonesa señala que es facultad de la Cámara de Diputados estatal: “Examinar y aprobar anualmente, a propuesta del Gobernador, la Ley de Ingresos del Estado y los proyectos y arbitrios de pública utilidad. Una vez analizado y discutido el proyecto de Ley de Ingresos de Estado que corresponda, el Congreso podrá modificarlo, motivando y justificando los cambios realizados”.
Si los gobernadores de Jalisco y Nuevo León armonizan tendrán una fuerte presencia en el país. Pero estará latente, siempre, la posibilidad de que en dos o tres años ambicionen el mismo poder y pretendan encabezar el mismo proyecto rumbo a la Presidencia de la República.
Tres años son un largo trecho para el que tiene prisa, pero son demasiado tiempo en política, en donde las condiciones pueden cambiar en cuestión de horas, días o semanas. (Por Pedro Mellado Rodríguez)
Hay historias soterradas, que son escrituradas desde los sótanos del poder, que son clave para el triunfo o la derrota de algunos partidos políticos y sus candidatos.
Los delincuentes electorales que realicen mejor sus operativos contribuirán a que sus candidatos ganen ilegítimamente los comicios del próximo domingo 6 de junio del 2021 y lleguen al gobierno sujetos impresentables, indignos, carentes de ética y de principios, que sólo buscan enriquecerse con el erario y hacer negocios en beneficio de privilegiadas cofradías delictivas que medran al amparo del poder público.
Correrán ríos de dinero en efectivo, para comprar votos al precio que sea necesario. La cifra negra de recursos ilícitos es incuantificable, bien sean sustraídos del erario o aportados por mecenas -de la delincuencia organizada o de cuello blanco- que pretendan asegurar por anticipado los favores del futuro poderoso circunstancial en algún importante municipio de Jalisco o del país.
Dinero sucio, cuya cifra negra difícilmente podría documentarse, pero que servirá para pagar a los coordinadores de la movilización dominical y de la compra masiva de votos, principalmente en colonias pobres, marginadas, en donde la necesidad mueve a las personas a cambiar su sufragio por 500 o 1,000 pesos.
Los candidatos que tengan más dinero, o más apoyos económicos, serán los que realizarán la más grande movilización. Ahí donde el domingo se observen concentraciones de personas que entren y salgan de algunos domicilios, ubicados en colonias estratégicas de zonas populosas, se estaría operando la compra de votos. Si las autoridades electorales verdaderamente quisieran inhibir esa práctica perniciosa y castigar a los delincuentes electorales, bastaría con que siguieran la huella del dinero.
En Ciudad Juárez, Chihuahua nueve personas fueron detenidas por comprar votos, informó el domingo 1 de julio del 2018 César Augusto Peniche, fiscal general del estado. Explicó que elementos policiacos detuvieron en la Biblioteca Municipal “Arturo Tolentino” a tres personas, entre las que se encontraba María Lourdes Ríos, subdirectora de Educación del Ayuntamiento, quienes presuntamente operaban a favor del candidato independiente a la Alcaldía, Armando Cabada, quien buscaba la reelección.
A los detenidos se les encontró dinero en efectivo, dispositivos móviles con imágenes de credenciales de elector ajenas, así como una lista que contenía nombres de personas y la supuesta cantidad de dinero que les había sido entregada.
Ese mismo día la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales del Estado de Puebla informó que habían sido detenidas 19 personas por presunta portación ilegal de credenciales para votar y compra de votos. Dos casos ya habían sido judicializados ante un juez federal de Tabasco.
En la Ciudad de México, el 11 de junio del 2018, PAN y Morena denunciaron la entrega de dinero en efectivo a cambio de credenciales de elector por parte del PRI. Señalaron que el reparto de dinero a cambio de copias de la credencial de elector se realizaba en las oficinas centrales de ese partido. También explicaron que operadores del PRI repartieron dinero en efectivo en oficinas ubicadas dentro de un inmueble de Plaza de la República número 20, Colonia Tabacalera, a un costado del Monumento a la Revolución, según publicaron en su momento los diarios de Grupo Reforma.
En tiempos electorales, los partidos políticos evaden la fiscalización de recursos a través del uso de dinero en efectivo, el cual sirve para comprar o coaccionar el voto y prácticamente no deja rastro, consideró Santiago Nieto Castillo, ex Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales, luego de participar en el foro “Sistema Electoral, Financiamiento de Campañas y Mecanismos de Control de Recursos Ilícitos en los Procesos Electorales de 2018”, el 8 de abril del 2018, en la Cámara de Diputados de la federación.
Quien actualmente es titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda explicó que de acuerdo con datos del Banco de México el flujo de efectivo se incrementa hasta en seis veces cuando se registran procesos electorales.
La compra de votos es un delito considerado en el Artículo 7 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que establece que se impondrán de cincuenta a cien días multa y prisión de seis meses a tres años, a quien solicite votos por paga, promesa de dinero u otra contraprestación y que además retenga durante la jornada electoral, sin causa justificada por la ley, una o más credenciales para votar de los ciudadanos.
También se precisa en el Artículo 11 de la misma ley que se impondrán de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de dos a nueve años, al servidor público que destine, utilice o permita la utilización, de manera ilegal de fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición, en virtud de su cargo, al apoyo o al perjuicio de un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato, sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por el delito de peculado.
Además, se advierte en el Artículo 15 que se impondrá de mil a cinco mil días multa y de cinco a quince años de prisión al que por sí o por interpósita persona realice, destine, utilice o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política cuando exista una prohibición legal para ello, o cuando los fondos o bienes tengan un origen ilícito, o en montos que rebasen los permitidos por la ley.
Casi todo mundo tiene un teléfono celular, con el que se pueden tomar fotos y videos. Los ciudadanos que observen algún operativo sospechoso, podrían registrarlo y poner la información en manos del representante del partido que más les simpatice, que les inspire más confianza o menos desconfianza, según sea el caso, para que presente la denuncia correspondiente o le ayude a presentarla.
El próximo domingo los ciudadanos honrados y decentes, que creen fervorosamente en las bondades de la democracia, podría contribuir a desenmascarar y atrapar a los delincuentes electorales. (Por Pedro Mellado Rodríguez)
El choque ya es frontal y en algún momento el asunto tendrá que analizarse en el terreno judicial, para que sea la autoridad jurisdiccional, y probablemente hasta la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que defina a quien asiste la razón, sobre los criterios administrativos del Instituto Nacional Electoral (INE), respaldados por el Tribunal Federal Electoral, y la presunción de delitos graves que persigue la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, con respecto a la propaganda electoral y en particular a la entrega de tarjetas de plástico o cartón que pretenden garantizar por anticipado beneficios económicos o bienes, en caso de que el candidato promotor gane las elecciones.
Y en esta confrontación estará en medio el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien ha expresado de las más diversas formas, que apoya las acciones de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales contra los candidatos que violen la ley durante las actuales campañas electorales que transcurren entre el domingo 4 de abril y el miércoles 2 de junio.
El torbellino también arrastrará a Adrián Emilio de la Garza Santos, candidato de la coalición PRI-PRD a la gubernatura de Nuevo León, sobre quien la Fiscalía General de la República (FGR) señaló, en comunicado oficial, el pasado lunes 10 de mayo del 2021: “Este caso, del que se ha abierto la carpeta correspondiente, es el referido concretamente a ese ilícito, atribuido a Adrián ‘D’, por solicitar el voto femenino a su favor, a cambio de la entrega de una denominada ‘tarjeta rosa’, que permite obtener dinero, una vez que dicho candidato gane las elecciones para gobernador del estado de Nuevo León; lo cual significa la compra y coacción del voto”.
La tormenta también atrapará a Samuel Alejandro García Sepúlveda, candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Nuevo León, a su padre Samuel Orlando García Mascorro, a su esposa Mariana Rodríguez, y a su suegro Jorge Gerardo Rodríguez Valdez.
A todas estas personas la FGR les señaló, en el mismo comunicado: “Se han recibido denuncias diversas, la última de las cuales proviene de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (…) por hechos presuntamente delictivos, señalados en el artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que se refiere a aportaciones en dinero o en especie, así como fondos o bienes de origen ilícito, utilizados, en forma ilegal, para fines electorales. Todo lo cual se está investigando en una carpeta específica, en la que se están desahogando todas las denuncias y las pruebas aportadas, para obtener, a la brevedad posible, la determinación jurídica que proceda en este caso, en el que las denuncias vinculan a una serie de personas físicas y morales, así como operaciones diversas, que han sido señaladas en sus montos y fechas, por la propia autoridad hacendaria”.
Con fecha del 12 de mayo del 2021, la plataforma digital oficial del INE publicó: “El Consejero Electoral Ciro Murayama, expuso que la promesa de dar programas sociales no es violatoria de la ley electoral, por lo que la entrega de cartoncillos o plásticos, si no implican dinero o apoyos detrás no es ilegal, ‘es una propaganda que puede parecer de mal gusto, pero la autoridad jurisdiccional la permitió’. Sin embargo, advirtió que aquello que se debe frenar es la compra y coacción del voto”.
Con respecto a estas conductas la Ley General en Materia de Delitos Electorales prevé en su Artículo 7 que se impondrá de cincuenta a cien días multa y prisión de seis meses a tres años, a quien: “VII.- Solicite votos por paga, promesa de dinero u otra contraprestación, o bien mediante violencia o amenaza, presione a otro a asistir a eventos proselitistas, o a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición, durante la campaña electoral, el día de la jornada electoral o en los tres días previos a la misma”.
En tanto que el Código Nacional de Procedimientos Penales, de aplicación en toda la República, considera en su Artículo 167: “El Ministerio Público sólo podrá solicitar al Juez de control la prisión preventiva o el resguardo domiciliario cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, siempre y cuando la causa diversa no sea acumulable o conexa en los términos del presente Código”.
Y agrega: “El Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales…”.
Con respecto al caso de Samuel García, Ley General en Materia de Delitos Electorales estipula: “Artículo 15.- Se impondrá de mil a cinco mil días multa y de cinco a quince años de prisión al que por sí o por interpósita persona realice, destine, utilice o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política cuando exista una prohibición legal para ello, o cuando los fondos o bienes tengan un origen ilícito, o en montos que rebasen los permitidos por la ley”.
La Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales que encabeza José Agustín Ortiz Pinchetti está obligada a ampliar sus investigaciones a los casos de muchos otros candidatos que están comprometiendo el voto con la promesa de entregar beneficios que presumiblemente se garantizan con tarjetas de plástico o cartón, entregadas durante las campañas electorales.
En breve podrían presentarse casos de candidatos en campaña, e incluso de diputados, alcaldes o gobernadores electos, contra quienes podría haber órdenes de aprehensión o procesos judiciales en curso por delitos electorales. Sería el momento culminante de la confrontación entre el INE, la Fiscalía General de la República y el Presidente de la República. (Por Pedro Mellado Rodríguez)
Para gobernar nuestras ciudades, la condición obligada, para quienes aspiren a tan alta distinción es, antes que nada, que las quieran, que las respeten, que conozcan su historia y sus tradiciones, y que para tomar decisiones importantes y trascendentes, escudriñen en wel alma de su gente, que se preocupen por entender las aspiraciones de sus habitantes con respecto a lo que desean que sea el rostro amable, presente y futuro, de esos espacios públicos que son una natural prolongación de sus hogares.
Por eso se requieren personas sensatas, equilibradas, honradas, nobles y generosas, al frente de los gobiernos municipales, cuyo futuro esté determinado, no por las mezquindades y ambiciones groseras que definen las vulgaridades de la política, sino inspirado en el elevado propósito de construir, junto con la gente, un porvenir más ordenado, racional y humano de las urbes, en beneficio de todos sus habitantes.
Los alcaldes y los regidores de los municipios deben ser los coordinadores de la vitalidad social, que por la vía del ejemplo y del convencimiento, estimulen e impulsen a la gente a contribuir con sus esfuerzos y decisiones cotidianas, a mejorar el entorno personal y familiar, como primer paso para fortalecer las virtudes comunitarias.
Pocas ocasiones sucede así. Una vez en sus cargos, un buen número de alcaldes y regidores se empecinan en una desenfrenada carrera que está más orientada a edificar su futuro de corto plazo, sin importar que al final de sus administraciones las necesidades de sus comunidades no hayan sido responsablemente atendidas. Los Ayuntamientos se convierten en instancias administrativas de gobierno utilizadas como instrumentos para el lucro, el tráfico de influencias y los negocios encubiertos en el dinero público, que enriquecen en el muy corto plazo a poderosos circunstanciales.
Los gobernantes deben hablarle al corazón y a la conciencia de su gente, para que la comunidad se sume a los esfuerzos de cuidar y preservar en las mejores condiciones posibles los espacios privados y públicos. Tiene sentido recuperar los bandos (proclamas o edictos de una autoridad que se hacen públicos) que el muy querido y célebre alcalde de Madrid, España, Enrique Tierno Galván, escribió a su pueblo en el periodo que fue primer regidor de esa comunidad, entre 1979 y 1986.
Sobre la limpieza de la ciudad, el alcalde Tierno Galván advertía:
“Madrid cuenta con más de 40,000 papeleras, que se utilizan poco, observándose que en torno a ellas y a los ceniceros que las acompañan hay más residuos que en el resto de la calle. Como Alcalde, acudo a los vecinos de la Villa y Corte de Madrid pidiéndoles ayuda, tanto para que cumplan lo que la buena crianza y la educación cívica requieren, como para que inciten a que lo hagan quienes no cumplan como deben. Todos debemos contribuir, en nuestro cotidiano vivir, en el círculo de nuestros conocidos, amigos, familiares y, en general, convecinos, para que Madrid se convierta en una ciudad limpia y tranquila” (10 de octubre de 1979). En Guadalajara se establecieron los llamados “Puntos Limpios”, en diversos rumbos del municipio, plataformas con 4 contenedores para residuos de diferentes características.
Sobre la confianza que debe prevalecer entre vecinos y la democracia, decía Tierno Galván:
“Esta Alcaldía Presidencia espera de los vecinos de esta Villa y Corte: Que su altísimo ejemplo cívico no se empañe ni un momento por testimonios de rencor, vituperio o recordación importuna de remotos males y querellas, ya que lo que importa es la común y recíproca confianza del vecindario entre sí, y la de todos en las instituciones políticas y sociales de la democracia instituida por nuestra Constitución (…) Confiando en que así ocurra, madrileños, ¡Viva la Libertad!” (26 de febrero de 1981).
Sobre la libertad y el bien común se pronunciaba el respetado alcalde:
“Que nadie hinche o incremente tanto su libertad que dañe o merme la de otro. Principio que debiéramos todos guardar con sumo celo, pues de la libertad hemos de gozar proporcionadamente para que sea bien común y no de algunos que buscan hacer particular provecho de lo que por natural razón a todos pertenece (…) Asimismo ruega el Alcalde regidor a los moradores de esta Villa, con mucho encarecimiento y amor, que no dejen que decline y se pierda el buen propósito de hacer de nuestra ciudad modelo de limpieza, orden y apacible convivir, como el recto juicio, avisada condición, buena crianza y cultivada inteligencia de sus vecinos de consuno piden” (16 de noviembre de 1982).
Exhortaba el primer edil de Madrid, a la gente que hacía sus necesidades en las calles y de paso permitían que hicieran lo mismo sus mascotas:
“Adviértase por postrera vez a aquellos vecinos, que por desgracia no faltan, que hagan sus aguas menores aprovechando por lo común el recato de los corpulentos árboles, destruyendo las flores, las hojas o los brotes de plantas, retoños o esquejes, que serán rigurosamente castigados, lo mismo que quienes hagan o dejen hacer las mayores aguas a sus perros u otros animales domésticos en los prados que los vecinos a veces pisan descalzos o buscando con poca fortuna asiento y descanso en ellos” (22 de julio de 1983).
Sobre la necesidad de los jóvenes de divertirse, respetando a los demás, recomendaba Tierno Galván:
“Confía este Regidor especialmente en la juventud de esta Villa, que es tranquila y tolerante, pues acepta la opinión y el ejercicio cívico de los demás, sin querer imponer su propia voluntad o criterio, sin más motivos que la voluntad irracional. Este Regidor ama a la juventud y sabe que es buena, limpia, con la conciencia transparente, por no haber en ella ni envidia ni maldad y confía en que se comporte durante las fiestas sin salacidad ni grosería, sin irreverencias, sin deslenguarse en la conversación, prestando cuidadosa atención a los adultos y atención, respeto máximo y ayuda a los que han llegado a la vejez. La juventud es cuerda y en esta cordura pone su confianza el Regidor de esta Villa. Y si los jóvenes han de hacer bromas, como su propia edad pide, háganlas con donosura y gala, pero sin daño, y si de retozar se trata, retocen, porque es propio de la juventud el glorioso retozar, pero háganlo sin daño para los bienes públicos, respetando los lugares en los que haya flores y céspedes, que hermosean la ciudad, y todo aquello cuanto al bien común ataña”. (9 de mayo de 1985).
Todas las citas sobre los bandos del alcalde Tierno Galván fueron tomadas de la siguiente dirección electrónica: https://www.grijalvo.com/Tierno_Galvan/1aa.htm
Personas virtuosas y de carácter firme, comprometidas con sus comunidades, es lo que necesitan nuestras ciudades. Políticos para los cuales sean más importantes las cualidades humanas de las personas, que su poder o sus influencias, que se comprometan en el estricto cumplimiento de sus responsabilidades y en el acatamiento sin titubeos de reglamentos y leyes. (Por Pedro Mellado Rodríguez)
La leyenda del boxeo mexicano, Julio César Chávez anunció que dará su última exhibición el 19 de junio en el Estadio Jalisco ante Héctor ‘Machito’ Camacho, en función de homenaje al fallecido Héctor “Macho” Camacho y en la que también estarán sus dos hijos, según detalla el “Cesar ” del Boxeo.
“Pues la acepté con esa condición de que esta va a ser mi última exhibición y es por eso que quise meter a Julio y a Omar para tener ese recuerdo en vida de que sea mi última exhibición y pelear los tres mis dos hijos y yo”.
Dijo Chávez que a pesar de ser pelea de exhibición se quitará la careta ante el hijo de uno de sus grandes rivales y también gran amigo, como lo fue el “Macho” Camacho.
(Por Manuel Trujillo Soriano)