Uno de los grandes males que arrastra el Poder Judicial de Jalisco es que en su estructura no están necesariamente los mejores, sino los privilegiados con alguna relación familiar o influencia que les permita obtener algún cargo en su nómina.
El nepotismo es un cáncer que erosiona la salud del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco (STJ). Según datos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y la organización Mexicanos contra la Corrupción, el 51 por ciento de magistrados y jueces en México tiene, por lo menos, un familiar laborando en el Poder Judicial, publicó Grupo Reforma el domingo 23 de febrero del 2020. Sin embargo, el Poder Judicial de Jalisco superaba por mucho la estadística: de 26 magistrados entonces en funciones (actualmente son 34), 19 estaban emparentados con algún trabajador o subordinado.
El periódico Mural ubicó al menos 45 empleados con relaciones familiares en el Poder Judicial, principalmente en puestos de primero y segundo nivel y dio algunos ejemplos: “Tres hijos de la magistrada Arcelia García Casares, colaboran en el Poder Judicial: Yanet Arcelia Villaseñor García es directora de Contraloría con un sueldo de 42 mil pesos mensuales brutos; su hermana Sandra Isela esta como auditora con ingresos por 59 mil pesos y su hermano Javier percibe 34 mil como relator”.
Describe Mural: “El Magistrado Luis Enrique Villanueva es el que más plazas tiene, con seis, entre su esposa, tres hermanos y dos primos. Otro caso especial resulta con la Magistrada Verónica Ucaranza, que trabajaba directamente con su cuñado Quetzalcóatl Daniel Morales León, como auxiliar en la Novena Sala que integra, mientras que su esposo Cuauhtémoc Anuar Morales León está en la Octava Sala; su hermana Alejandra es relatora en la Cuarta Sala y su ex esposo es director de Transparencia en la Judicatura”.
Aclara la nota informativa que el presidente Suro Esteves no cuenta con familiares en la nómina, pero emplea directamente a cinco hijos de sus compañeros.
Explica el reportero Jonathan Compton que la Ley General de Responsabilidades Administrativas prevé como falta grave el nepotismo, no obstante, los magistrados eluden sanción simplemente con abstenerse en las votaciones del Pleno cuando hay nombramientos, movimientos o ratificación de personal que les involucren, aunque son avalados, por la mayoría, por sus homólogos.
Los ejemplos son muchos, a tal grado que la responsable de vigilar las contrataciones de familiares, nombramientos y los conflictos de interés en el STJ, resulta ser hija de la magistrada Arcelia García Cásares. Desde 2012, Yanet Arcelia Villaseñor García funge como titular de la Dirección de Contraloría, Auditoría Interna y Control Patrimonial, con un sueldo de 86 mil 597 pesos brutos mensuales, señala el periodista Jonathan Compton.
En segunda instancia, la Dirección de Recursos Humanos del STJ también tendría que realizar observaciones respecto al personal y la parentela de los Magistrados. No obstante, la jefa del departamento es Magdalena Aguilar Preciado, hija del Magistrado Tomás Aguilar Robles y quien percibe 42 mil 818 pesos mensuales.
La independencia, decoro y dignidad del Poder Judicial de Jalisco son vulnerados desde afuera y desde sus propias entrañas. Concluyamos hoy con la descripción de las 11 salas del Tribunal y los intereses que están representados en cada una de ellas.
Novena Sala Especializada en Materia Civil. La preside la magistrada Verónica Elizabeth Ucaranza Sánchez, quien llegó al STJ el 2 de marzo de 2014. Se le considera una posición del PAN y habría sido apoyada por el diputado albiazul Juan Carlos Márquez, integrante de la Comisión de Justicia que dictaminó su nombramiento.
Integra esta sala la magistrada Lucía Padilla Hernández, quien llegó a su cargo el 24 de enero del 2007 con el apoyo del Grupo UdeG que encabeza el exrector Raúl Padilla López, y con el respaldo del magistrado Manuel Higinio Ramiro Ramos, amigo y aliado del jefe político de la UdeG.
Completa esta sala la magistrada Ana Cristina Espinosa Valadez quien llegó al STJ como cuota del partido Movimiento Ciudadano y del gobernador Enrique Alfaro. El Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Estatal Anticorrupción consideró que sí tiene el perfil para ser magistrada y en el examen practicado por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL) obtuvo una calificación 81.71 de 100 puntos posibles, la segunda mejor entre 47 aspirantes evaluadas. Llegó al cargo el martes 15 de diciembre del 2020 para un periodo de 12 años.
Décima Sala Especializada en Justicia Integral para Adolescentes y Penal. La preside el magistrado Federico Hernández Corona, nombrado el martes 23 de enero del 2007, impulsado por el entonces presidente del STJ, el magistrado Celso Rodríguez. En su momento, durante las negociaciones, se le consideró cuota política del gobernador electo panista Emilio González Márquez.
También está en esta sala el magistrado Antonio Fierros Ramírez, quien asumió el cargo el 23 de enero del 2007 impulsado por el cacique universitario Raúl Padilla, amparado por el PRD y con algunos votos de diputados del PRI.
Completa esta sala el magistrado José Luis Gutiérrez Miranda a quien se considera cuota partidista del PAN. El CPS del Sistema Estatal Anticorrupción evaluó que sí tiene el perfil para ser Magistrado y en el examen del CENEVAL obtuvo calificación de 80.49, la séptima mejor entre 79 aspirantes. Llegó al cargo el martes 15 de diciembre del 2020 para un periodo de 12 años.
Undécima Sala Especializada en Materia Penal. La preside el magistrado Espartaco Cedeño Muñoz. Hijo del exmagistrado Jaime Cedeño Coral, llegó a su cargo el miércoles 29 de agosto del 2007. Se le considera una posición del PRI.
Está también en esta sala la magistrada Ana Elsa Cortés Ureña. Llega al cargo apoyada por Movimiento Ciudadano. El CPS del Sistema Estatal Anticorrupción evaluó que no tenía el perfil para ser magistrada y en el examen de conocimientos aplicado por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL) obtuvo 65.85 de calificación, la número 22 entre 47 aspirantes. Llegó al cargo el martes 15 de diciembre del 2020 para un periodo de 12 años.
Completa esta sala el magistrado Bogar Salazar Loza. Llegó con el apoyo del PAN y de su cuñado el diputado Gustavo Macías Zambrano, coordinador de la fracción albiazul en el Congreso de Jalisco. ELCPS del Sistema Estatal Anticorrupción consideró que no tenía el perfil para ser magistrado y en el examen del CENEVAL obtuvo calificación de 75.61 de 100 puntos posibles. Fue el número 25 entre 79 aspirantes que hicieron el examen. Llegó al cargo el martes 15 de diciembre del 2020 para un periodo de 12 años.
Como usted ha podido ver, son muchas las carencias, las miserias y las fragilidades de un poder judicial sin autonomía, que en gran medida ha perdido la dignidad y el decoro. En tan frágiles ánimos está depositada la esperanza de justicia en Jalisco. (Por Pedro Mellado Rodríguez)