La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, sí cometió violaciones a la Ley de Seguridad Nacional al entrevistarse con supuestos agentes extranjeros, asegura la senadora priista Claudia Anaya.
“Pero lo que sí tiene que existir es una investigación, sí tiene que haber un cause legal, que es lo que no está habiendo, porque ayer el secretario de Seguridad federal dijo que él no encontraba ningún ilícito. A ver, que lea la Ley de Seguridad Nacional, ahí el artículo 46 y el artículo 70 prohíben estar dando información de seguridad”.
Anaya Mota, explica que el artículo 70 de dicha ley expresa de forma literal, que cualquier reunión de ese tipo debe ser reportada con las autoridades y la gobernadora no lo hizo. (Por Arturo García Caudillo)

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, afirmó que las declaraciones del director de la DEA, Terrance Cole, sobre una presunta relación entre los cárteles del narcotráfico y el gobierno mexicano deben atenderse con investigaciones serias y transparentes.
“Las palabras de Terry Cole, director de la DEA, no deben minimizarse. Ha afirmado que existe una conexión mortal entre las redes de los cárteles y el gobierno, y ha llegado a señalar que ambos son la misma cosa. Se trata de una acusación de enorme gravedad que no puede aceptarse sin pruebas, pero que tampoco debe ser minimizado”.
La legisladora del PAN sostuvo que las instituciones deben responder con hechos y demostrar que no existe tolerancia ni impunidad ante posibles vínculos entre servidores públicos y la delincuencia organizada.
López Rabadán consideró que los casos de Baja California y Sinaloa requieren especial atención y subrayó que, si se acreditan responsabilidades de funcionarios, deberán ser sancionados conforme a la ley.

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión condenó los operativos del Servicio de Inmigración de Estados Unidos en los que han fallecido 17 migrantes mexicanos. Es la voz de la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo.
“Ningún acto político o administrativo puede implementar el miedo de morir mientras se encuentra bajo la responsabilidad de una autoridad y por tanto, ninguna persona debe permanecer completamente incomunicada, privada de asistencia consular o abandonada ante la incertidumbre de no saber qué ocurrirá con su vida y con su familia”.
El PRI se negó a firmar el extrañamiento, aclarando que el tricolor condena toda política de criminalización y violencia contra mexicanos en cualquier parte del mundo, pero este pronunciamiento es insuficiente, ya que el Gobierno de México ha debilitado la capacidad de protección consular con sus propias políticas migratorias. (Por Arturo García Caudillo)

El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Comisión Permanente solicitará la comparecencia de la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra, para que explique por qué en su informe sobre el caso Ayotzinapa, deslinda de responsabilidad en la desaparición de los 43 normalistas, al Ejército, así lo expresa el coordinador de los senadores de MC, Clemente Castañeda Höeflich.
“Lo que ha hecho la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es indignante, es reprobable, es ridículo. Una Comisión Nacional de los Derechos Humanos porque se dedica mucho más a solapar los abusos del poder, incluidas las Fuerzas Armadas, que en lugar de proteger y salvaguardar los derechos de las víctimas y de sus entornos. La presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es responsable ante el Senado de la República. Nosotros estamos acordando el día de hoy presentar una solicitud formal de comparecencia”.
De paso, arremetió en contra de la 4T, pues el caso Ayotzinapa refleja un rotundo fracaso en el cumplimiento de sus compromisos, en materia de protección a los derechos humanos y de acceso a la verdad y a la justicia. (Por Arturo García Caudillo)